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Un párrafo. Eso es lo que tardó el presidente del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en hacer referencia al juicio contra el independentismo catalán, cuya sentencia se espera a lo largo del próximo mes. El macroproceso contra el 1-O dominó el acto de inauguración del año judicial, una cita anual en la que se dan cita, con toda la pompa, las principales autoridades del Estado español, encabezadas por el rey Felipe de Borbón.
Sin importarle demasiado que el Estado español esté a la cola de la UE en la percepción de independencia judicial –según datos de la Comisión Europea–, Lesmes dedicó prácticamente la mitad de su discurso a defender la actuación de los tribunales y a reivindicar la importancia de una justicia independiente «para restaurar la armonía y la estabilidad social». Tampoco tuvo empacho en glosar el trabajo de los tribunales para hacer frente a la corrupción, solo cinco días después de que un juzgado absolviese al PP por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas.
Pero Lesmes, que lleva en el cargo un año más de lo que legalmente le tocaba, apenas acaparó unas miradas que ayer buscaron al que iba a ser su sucesor, Manuel Marchena; un nombramiento que saltó por los aires con la publicación de las maniobras del PP para colocarlo en la cumbre de la judicatura –otro derroche de independencia judicial–.
Marchena está inmerso en la redacción de la sentencia contra los dirigentes independentistas catalanes, que todavía no se sabe si contará con la unanimidad de los siete magistrados que componen el tribunal de la sala segunda del Supremo.
Ayer Marchena no habló, pero varios periodistas presentes en el acto en Madrid aseguraron que fuentes cercanas confirmaron que la sentencia se publicará antes del 16 de octubre, fecha en la que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cumplen dos años de prisión preventiva –tampoco hay que olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analiza el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado el 14 de octubre–. También aseguraron que, en contra de lo publicado en días anteriores, Marchena descarta una lectura pública del fallo de la sentencia, que será entregada a las partes una vez sea firmada. La razón alegada: el fallo –es decir, la condena– no se entenderá sin la argumentación previa, que se extenderá a unos cuantos centenares de páginas.
Recuperando sensaciones
Con motivo de la Diada que se celebrará mañana y, sobre todo, ante la inminencia de la sentencia, el independentismo catalán empieza a recuperar sensaciones y acumular fuerzas para hacer frente a una sentencia que todo el mundo asegura que prevé dura, pero cuyas consecuencias son difíciles de anticipar. Los responsables de partidos y entidades soberanistas, enfrascados en polémicas y desencuentros varios, han repetido en los últimos días consignas a favor de una unidad de acción que empieza a prefigurarse en torno a una campaña que llama a responder con un «tsunami democrático» a la condena.
En qué se convertirá ese tsunami y cuánta agua moverá no se podrá saber hasta que llegue el momento, pero lo cierto es que el tono en el seno del independentismo está cambiando algo, lo que llevó ayer tanto a Lesmes como a la fiscal general del Estado, María José Segarra, a exigir el acatamiento de la sentencia, sea cual sea.
Segarra, cuyo informe dejó un saldo con el número de presos en cárceles españolas más elevado de la última década, fue más allá y, criticando duramente la actuación de las autoridades penitenciarias catalanas, preparó el terreno para forzar que los presos catalanes cumplan condena fuera de Catalunya.
Torra pide la recusación del juez que le juzgará por desobediencia
Probablemente antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas llegará el juicio por desobediencia contra el president, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), presidido por el magistrado Jesús María Barrientos, cuya recusación fue solicitada ayer por la defensa del president.
La petición subraya una «flagrante falta de imparcialidad» por parte de un juez que ha reiterado en numerosas ocasiones su oposición al proceso independentista y que se ha pronunciado en contra de la colocación de lazos amarillos en instituciones públicas, que es precisamente el motivo por el que se va a juzgar a Torra los días 26 y 27 de setiembre.
El escrito presentado por la defensa del president se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que asegura que «la imparcialidad judicial se salvaguarda también a través de las apariencias», y enumera una quincena de declaraciones y actuaciones del juez Barrientos como sustento de la recusación. La más recordada de ellas se vivió hace apenas año y medio, en febrero de 2018, cuando el magistrado abandonó airadamente una conferencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, en el Colegio de Abogados de Barcelona porque a este se le ocurrió defender la existencia de presos políticos.GARA
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