Los detenidos han comenzado a llegar a la Audiencia Nacional hacia las 08:00, según informan las agencias españolas. Allí, uno a uno van pasando ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, desde las 11.00.

Están siendo respaldados por personas desplazadas desde Catalunya y también por diputados de formaciones como ERC y EH Bildu. «Todo esto forma parte de un relato falso para justificar una sentencia dura», ha dicho la republicana Marta Rosique ante la Audiencia, mirando al horizonte del fallo contra el «procés». Miembros de la CUP han colocado también pancartas ante la Audiencia Nacional, firmadas igualmente por las juventudes de Arran o Alerta Solidaria. La CUP ha dicho que responderán a la redada con «más calle y más desobediencia».

De los siete detenidos, cinco están asesorados jurídicamente por Alerta Solidària y han optado por no declarar ante el Instituto Armado al estar secreta la causa y no conocer exactamente los indicios que los investigadores tienen contra ellos, pese a que en los medios ha trascendido la acusación de «terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos».

Según Europa Press, otros dos arrestados «han decidido desmarcarse de esta estrategia de defensa y solicitar el asesoramiento de un abogado de oficio». Sin embargo, Alerta Solidària ha denunciado que «casualmente se trata de las dos personas que no hemos podido ver y asistir por los obstáculos de la Guardia Civil». Y casualmente, medios de Madrid inciden en que precisamente dos arrestados habrían reconocido parte de los hechos. Todos han sido sometidos a largos interrogatorios.

Entre medio, el diario «El Mundo» asegura que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones a la Guardia Civil por activar esta redada sin aportar toda la información a los responsables políticos. El diario español utiliza el término «abroncar» para definir el modo en que el ministro se habría dirigido a los responsables del instituto armado.

Mientras esto ocurre en Madrid, en Barcelona se votan las resoluciones en el pleno de política general iniciado ayer, y se prevé que será aprobada una que demanda la retirada de la Guardia Civil de Catalunya, presentada conjuntamente por JxCat y ERC. En ella se reclama también la dimisión de la delegada española en Catalunya, Teresa Cunillera, acusándole de ser «incapaz de respetar los derechos» fundamentales de la ciudadanía.

La operación

En la operación desarrollada el pasado lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona, la Guardia Civil arrestó a un total de nueve personas, de entre 35 y 50 años. Finalmente, dejó en libertad a dos (también con cargos de «terrorismo»), a la espera de que sean citados por la Audiencia Nacional para ser interrogados.

Además de las detenciones, los investigadores llevaron a cabo una decena de registros. Tanto el Ministerio del Interior como, luego, la Fiscalía de la Audiencia Nacional difundieron sendos comunicados en los que se relaciona a los nueve detenidos en Catalunya con material y sustancias «consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos explosivos». Estas notas fueron, después, ampliadas con creces por los medios de comunicación estatales, que hablaron de «material para la fabricación de Goma-2 y el plano de al menos un cuartel de la Guardia Civil», pese a que la Fiscalía tan solo apuntó que las detenciones y los registros se realizaron para «incautar pruebas que evidencien el avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines secesionistas»

El Ministerio Público añadió que la investigación se centra en la fabricación de explosivos para «ser utilizados contra objetivos seleccionados por un grupo de militantes de los CDR». De hecho, la Guardia Civil trató de apuntalar su narrativa con la difusión de un breve vídeo en el que aparece el registro de un local en el que un guardia civil enseña una bolsa de plástico azul con algo dentro –por la imagen de escasa calidad, lo mismo puede ser material explosivo que serrín– y varias ollas. Vecinos de Sabadell, ciudad donde se produjo el registro, no tardaron en señalar que el local es el que utiliza como almacén la comisión de fiestas populares del barrio, donde se guarda también material para los correfocs.