Chivite ha añadido que deberán «estudiar bien» y que se encuentran «valorando jurídicamente» los efectos de la sentencia que anula el euskara como mérito en las zonas mixta y no vascófona, para determinar si «presentar recurso o no».

En comparecencia previa al pleno del Parlamento, ha señalado la necesidad de analizarlo «bajo la plena garantía jurídica» porque es una decisión que puede afectar a «más de 1.500 personas», y «a la puesta en marcha de las ofertas de empleo públicas que están anunciadas y que están en marcha».

En este sentido ha señalado la «máxima preocupación» del Gobierno por la garantía jurídica de todos los procedimientos abiertos en concurso oposición para evitar problemas derivados «y una avalancha de recursos».

Para ello, admite, deberán «estudiar todos los escenarios que estén encima de la mesa» y también de la «derivada que  puede tener en la convocatoria de oferta pública de empleo», ha admitido.