La nueva propuesta se basa en limitar de facto ciertos aspectos e la salvaguarda (Backstop) que diseñó Bruselas para evitar una frontera entre los seis condados del norte y el resto de Irlanda tras el Brexit.

La UE defiende hasta ahora que los acuerdos de paz de Viernes Santo firmados en 1998 se respetan en cualquier circunstancia, por lo que exige una garantía de que no se levantarán barreras físicas dentro de la isla.

Así, creó una cláusula que obliga a que el norte de Irlanda permanezca en el mercado único y la unión aduanera comunitarias hasta que se negocie una solución alternativa que elimine la necesidad de fronteras, como un acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y la UE, algo que podría demorarse años.

Los brexiters consideran que esa salvaguarda fuerza a Gran Bretaña a seguir atada a las estructuras europeas y coarta su capacidad de fijar políticas comerciales independientes.

Mientras el resto de la Unión Jack podría comenzar a desviarse de los estándares comunitarios, a medida que Londres negocie acuerdos con terceros países que le lleven a modificar su regulación, el norte de Irlanda abandonaría a su vez el mercado único europeo, aunque su regulación sobre comercio de mercancías, incluidos los productos agrícolas y alimentarios, continuaría alineada con la UE y, por lo tanto, con Dublín.

Por ese motivo, las mercancías que entraran en el norte de Irlanda del Norte desde Gran Bretaña deberían ser controladas para asegurarse de que cumplen los estándares europeos, algo que Londres considera una concesión a la UE.

Por contra, el hecho de que el norte de Irlanda abandone la unión aduanera impone algún tipo de control, declaraciones y aranceles a las importaciones y exportaciones en el transporte de mercancías entre el norte y el sur de la isla.

Límite temporal

El punto más peliagudo es el límite temporal. Londres deja en manos de la Asamblea de Stormont que apruebe a finales de 2020, cuando expira el período de transición, la fórmula, que deberá ratificar cada cuatro años, por vez primera en 2025.

Sinn Féin es tajante a la hora de calificar la propuesta de inaceptable. «El Gobierno británico ofrece un marco regulatorio común para Irlanda, pero hace que dependa del permiso de la Asamblea (de Stormont), lo que de facto lo deja en manos de un veto del DUP», señaló la vicepresidenta de la formación republicana, Michelle O' Neill.

El viceprimer ministro de la República de Irlanda, Simon Coveney, señaló que la propuesta «no es congruente» con el Acuerdo de Viernes Santo. «No podemos apoyar ninguna propuesta que sugiera que un partido o una minoría en Irlanda del Norte pudiera tomar la decisión de la mayoría en términos de cómo se implementarían esas propuestas en el futuro».

El Consorcio de Distribución y la Cámara de Comercio del norte de Irlanda tildan la propuesta de «decepcionante, impracticable, falaz y gravosa».