Tras los recursos presentados por las defensas, el Supremo ha decidido rebajar algo las condenas a los jóvenes de Altsasu, aunque ha condenado a los ocho acusados a entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses tras la vista realizada en setiembre en Madrid.

De esta manera, el Supremo mantiene elevadas penas de prisión por el altercado en el bar Koxka en el que se vieron involucrados dos guardias civiles y sus parejas. Así, ha condenado a Oihan Arnanz a 9 años y medio de prisión por un delito de «atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones, tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad y delito de desórdenes públicos». La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional le había condenado a 13 años. 

Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda han sido condenado a 8 años y medio de prisión cada uno por «un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones y tres delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad». Ambos fueron condenados por la Audiencia a 12 años de prisión.

Jon Ander Cob y Julen Goioetxea han recibido una condena de 7 años y medio de prisión cada uno por un delito de «atentado a agentes de la autoridad y tres delitos de lesiones con la agravante de abuso de superioridad». Venían condenados por la Audiencia a un total de 9 años de prisión cada uno.

Por su parte, Aratz Urrizola ha sido condenado a 4 años y 2 meses de prisión por un delito de «atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad», mientras que Iñaki Abad ha recibido una pena de 3 años y medio «por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones y desórdenes públicos». Ainara Urkijo, la única de los ocho que no está en prisión, ha sido condena a año y medio de prisión por «desórdenes públicos y amenazas».

Mínimas reducciones por el agravante de «discriminación»

La reducción de penas se debe a la no aplicación de la agravante de «discriminación» ni la de «abuso de superioridad» en el caso del delito de «atentado a la autoridad», así como a la supresión a Iñaki Abad y Aratz Urrizola de alguno de los delitos de lesiones. Sin embargo, el tribunal considera que ha existido «prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas» para condenar por delitos de «atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas». Dos magistrados, Vicente Magro y Antonio del Moral, han firmado un voto particular favorable a haber mantenido la agravante de «discriminación».

La sentencia subraya que «los hechos probados reflejan una motivación abyecta en cuanto refieren que la agresión se produjo al constatar que las víctimas eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Sin embargo, «esa motivación» es lo que convierte los hechos en «atentado», por lo que «aplicar la agravante de discriminación supondría condenar dos veces por el mismo hecho vulnerando el principio ‘non bis in ídem’».

Siguiente paso, Tribunal Constitucional

Han pasado ya más de 1.000 días desde que se produjeron los encarcelamientos, pero el fallo del Supremo aboca de momento a los siete jóvenes a seguir entre rejas. La pena impuesta por cada delito de «lesiones» es de dos años y medio. Al haber un delito castigado con más de dos años de prisión, es probable que todos sigan encarcelados en Zaballa.

La siguiente fase, última en el entramado jurídico español, sería recurrir al Constitucional, donde, en principio, no se valorarían los hechos sino la vulneración de derechos fundamentales que haya podido existir durante el proceso judicial del caso Altsasu. Y si este tampoco corrigiera la situación, quedaría apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que llevaría varios años.

En la vista, las defensas reclamaron al Supremo un análisis meramente jurídico de los hechos (remarcando la falta de pruebas y la falta de rigor en las identificaciones), mientras las acusaciones se limitaron a exaltar la importancia de la Guardia Civil, «fiel a España, al Rey y a la Constitución» en palabras de la Fiscalía.