El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, horas después de que el Tribunal Supremo haya dictado la sentencia contra los líderes independentistas. Lo hace tras la petición de la Fiscalía, que le reclama por los delitos de «sedición» y «malversación» de caudales públicos, que el instructor de la causa considera «plenamente justificada». 

El auto del juez sostiene que si «la sola imputación» de los líderes independentistas «fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea», las condenas hechas públicas hoy contra los encausados «no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea» y, por tanto, «que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión».

El Ejecutivo español confía en que gracias a esta euroorden Puigdemont pueda estar puesto a disposición de la Justicia estatal cuanto antes. Pero habrá que ver la posición de los tribunales belgas: cuando el debate surgió ya hace año y medio, fuentes jurídicas recordaron que el delito equiparable a «sedición» en aquel país solo se castiga con seis meses de cárcel como máximo y no es una de las acusaciones que conlleva normalmente entrega.

Lo que sí se le puede complicar desde ya a Puigdemont con este nuevo intento español es la actual libertad de movimientos de que dispone en prácticamente todo el espacio europeo y que le permitía desarrollar intervenciones políticas en foros de diferentes estados.

El contrapunto, volverá a ser diputado junto a Comín

La decisión tiene un contrapunto curioso. Al haberse descartado el delito de «rebelión», ni a Puigdemont ni al también exiliado Antoni Comín se les puede aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En consecuencia, tanto uno como otro pueden volver a ser diputados de pleno derecho en el Parlament, circunstancia que Llarena comunicará a la Mesa.

Puigdemont y Comín no habían sido sustituidos por su grupo, al contrario de lo que sí ocurrió con otros procesados en este caso.

Puigdemont: «La sentencia confirma la estrategia de represión y venganza»

El expresident, que ha comparecido a primera hora de la tarde en Bruselas, ha señalado que «la sentencia del Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, el Parlamento y las entidades sociales más importantes de Cataluña, confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos los ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad».

La resolución, ha añadido, «condena a más de dos millones de personas que hicieron posible el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017».

Puidgdemont ha hecho un llamamiento a la movilización no violenta y ha insistido en que no se puede aceptar «como catalanes ni como europeos» el «estatu quo regresivo» y ha instado a dar una «respuesta sonora» a la sentencia en las elecciones del próximo 10 de noviembre.

«Tenemos que movilizarnos y hacer oír nuestra voz. Hay muchas formas y todas ellas han de ser democráticas y no violentas, como siempre (...) y convertir las elecciones en una muestra masiva de rechazo», ha proclamado.

Ha cargado además contra la actitud de Europa, a la que ha acusado de «callar» ante la «violencia» ejercida durante la jornada del 1 de octubre de 2017 «contra un pueblo que había salido a votar».

«Una Europa que baila al son del Estado español, que impide que los representantes de más de dos millones de ciudadanos europeos estemos sentados en el Parlamento Europeo», ha indicado.

Puigdemont ha reiterado en que la sentencia ha confirmado la «negativa de España a articular un diálogo» y que, ante ello, «toca movilizarnos sin miedo».