El Gobierno del derechista Sebastián Piñera ha rechazado «categóricamente» el informe de Amnistía Internacional (AI) que lleva tres semanas en Chile investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos. Acusa al organismo internacional de hacer «aseveraciones irresponsables» y de «pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes».

La organización acusa tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer «ataques generalizados» y hacer un uso «innecesario y excesivo» de la fuerza contra los manifestantes para «desincentivar» la protesta.

Asegura que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado «no son hechos aislados o esporádicos», sino que responden a un patrón y muestran un «grado de coordinación» que «conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel».

El equipo de trabajo de AI ha registrado el uso «constante e inadecuado» de escopetas de perdigones para reprimir las manifestaciones, según su informe. También ha corroborado el uso de gas lacrimógeno «en cantidades alarmantes» y de granadas de humo, que son extremadamente tóxicas y están diseñadas para ser empleadas en conflictos armados.

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha registrado más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan lesiones oculares severos. Oficialmente, además, 23 personas han perdido la vida.

El propio presidente Sebastián Piñera reconoció por primera vez el domingo que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en algunos casos puntuales y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables. El martes, los Carabineros anunciaron la suspensión temporal del uso de perdigones o balines por el alto número de heridos y la gravedad de las heridas.

La subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, ha rechazado y restado credibilidad al informe de AI. Carabineros y el Ejército también han emitido sendos comunicados en contra.

«No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal», ha subrayado en declaraciones a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.