NAIZ

JxCat, ERC y CUP piden la libertad de los integrantes de los CDR detenidos el 23 de setiembre

JxCat, ERC y CUP han presentado conjuntamente en el Parlamet una propuesta de resolución que reclama la puesta en libertad de los integrantes de los CDR detenidos y encarcelados en setiembre. Ubican estas detenciones en «una operación de Estado contra el independentismo».

Una de las movilizaciones organizadas por los CDR, en Barcelona. (R.S.)
Una de las movilizaciones organizadas por los CDR, en Barcelona. (R.S.)

Los grupos JxCat, ERC y CUP han registrado este viernes en el Parlament una propuesta de resolución conjunta que reclama la puesta en libertad inmediata de los miembros de los CDR detenidos el 23 de setiembre y el archivo de sus causas, que enmarcan en una «operación de Estado contra el independentismo».

Las tres fuerzas independentistas, que conforman mayoría absoluta en el Parlament, han registrado conjuntamente esta propuesta de resolución relativa a la operación policial del pasado 23 de setiembre.

Ese día la Guardia Civil detuvo a nueve personas en Catalunya vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) acusadas de «terrorismo» y siete de ellas fueron encarceladas de forma preventiva en Madrid.

La resolución define a los presos como «personas queridas por mucha gente y socialmente comprometidas», que han sido objeto de «posibles vulneraciones de derechos fundamentales», por lo que, de confirmarse las mismas, serían «represaliados políticos».

El texto señala, en este sentido, que «todo forma parte de una causa general, una operación de Estado contra el independentismo».

Por ello, JxCat, ERC y CUP reclaman la puesta en libertad inmediata de los presos y el archivo de la causa de los nueve implicados, y que se abra una investigación para dilucidar esas posibles vulneraciones de derechos y carencias en garantías procesales.

Hasta que no sean puestos en libertad, exigen que esos presos sean trasladados a cárceles catalanas y que se acabe con el régimen de aislamiento.

La resolución también condena la «politización y opacidad» de la Audiencia Nacional española, al tiempo que denuncia la filtraciones de sumario y la criminalización de los detenidos.