En respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu, el consejero ha indicado que el grupo de trabajo creado para tratar este asunto ha considerado que un cambio normativo vía orden foral «no sería el instrumento más adecuado» para dar seguridad jurídica en este ámbito.

La mejor opción, ha agregado, sería la vía del decreto foral, ya que se trata de desarrollar lo estipulado en una ley foral.

Remírez ha señalado que el Gobierno de Nafarroa decidió en octubre, «por motivos de seguridad jurídica», no presentar recursos a las sentencias del TSJN que anularon varios artículos de la ley sobre el uso del euskara en las administraciones públicas y se comprometió a trabajar en un cambio normativo, «desde el mayor consenso posible, que nos permita movernos en un escenario garantista».

El grupo de trabajo, ha dicho, ha mantenido varias reuniones y «nos hubiera gustado tener para estas fechas una conclusión», pero no ha sido posible, aunque ha estimado que durante las próximas semanas, previsiblemente en el mes de enero, «tendremos alguna cuestión encima de la mesa».

«Los plazos no deben apremiarnos, no es cuestión de darse prisas, que son malas consejeras, sino de hacerlo bien», ha declarado el consejero, quien ha subrayado que «no se trata de un trabajo pequeño y sencillo, sino de un cometido complejo y minucioso».

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha comentado que las sentencias del TSJN fueron «un enorme retroceso desde la perspectiva de los derechos lingüísticos de la ciudadanía» y el Gobierno de Nafarroa «hizo una dejación de su responsabilidad» al no presentar recursos.

El Gobierno navarro, ha recordado, anunció que prepararía una orden foral para solventar el vacío legal creado, pero «ya ha pasado un mes desde que la sentencia es firme y de momento no tenemos ninguna noticia de dicha orden foral».