Suele ser el tsunami el que llega después del terremoto, pero el capricho de los jueces es capaz de invertir la mecánica cuando hablamos de política. Puede que llamar tsunami a lo del miércoles en el Camp Nou sea excesivo, pero lo de ayer fue un movimiento sísmico en toda regla. El epicentro se situó en Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero las diferentes réplicas se sintieron con fuerza en Bruselas, Waterloo, Barcelona y Madrid.
El tribunal sito en Luxemburgo respondió ayer a las preguntas elevadas por el Tribunal Supremo español con una contundencia y una lógica aplastantes. Primero, estableció que el líder de ERC, Oriol Junqueras, adquirió la condición de eurodiputado el 13 de junio, cuando el BOE publicó la proclamación de los resultados de las elecciones europeas. Segundo, sentenció que, en consonancia a la condición de eurodiputado, Junqueras gozaba de la inmunidad inherente al cargo. Tercero, esa inmunidad debía haber llevado al Supremo a poner en libertad a Junqueras de forma inmediata. Es más, el TJUE añade que, si el juez Manuel Marchena quería mantener en prisión preventiva a Junqueras, debía haber pedido autorización –suplicatorio– al Parlamento europeo.
Decisión en manos del TS
La aplicación de la sentencia, sin embargo, no queda en manos del TJUE, sino del propio Supremo, donde se produjo la primera réplica de consideración. «Corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse», señala la sentencia. El TS dio cinco días a las partes para que se pronuncien antes de tomar una decisión, pero es esperable que se escude en la existencia de una sentencia firme para alegar que, como Junqueras ya no está en prisión preventiva, la decisión del TJUE no le afecta.
Ese es el camino que la Fiscalía del TS defendió ayer mismo, sin esperar a los cinco días de margen, cerrando el paso así a cualquier maniobra que hipotéticamente pudiera intentar el PSOE. La defensa de ERC también avanzó que pedirá la libertad de Junqueras y la nulidad del juicio, al entender que el TS dictó una condena que no podía dictar contra un miembro del Parlamento Europeo protegido por la inmunidad. Un razonamiento que, aunque no triunfe en el TS, podría abrir nuevas vías a largo plazo en el propio TJUE o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Puigdemont, eufórico
La réplica sentida en Waterloo fue, probablemente la más alegre. Los exiliados Carles Puigdemont y Toni Comín ya tenían litigios abiertos en el TJUE, pero la sentencia sobre Junqueras despeja su camino, ya que es perfectamente aplicable a su situación. La defensa de Puigdemont pidió ayer mismo al TJUE que acelere sus casos, dadas las evidencias. Del mismo modo, solicitó a la Justicia belga que dé por muerta la euroorden contra los dos eurodiputados.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pidió a España que aplique la sentencia y, a última hora, la institución levantó el veto que mantenía contra Puigdemont y Comín. Si no se tuerce nada, y no parece que pueda ocurrir, Puigdemont habrá librado una vez más.
«La próxima reunión del grupo parlamentario la haremos en Catalunya», aseguró ayer Puigdemont por videoconferencia, mientras los diputados de JxCat, al otro lado de la pantalla, gritaban «¡Perpinyà! ¡Perpinyà!». No fueron pocos los que especulan ya con la posibilidad de que Puigdemont vuelva a encabezar la lista en unas elecciones autonómicas que la inhabilitación del president, Quim Torra, vuelve a poner encima de la mesa.
ERC congela las negociaciones
La alegría no fue menor, en cualquier caso, en Esquerra. El vicepresidente del partido, Pere Aragonès, compareció a mediodía rodeado de la dirección de la formación y pidió «la nulidad de la sentencia y la libertad inmediata de Oriol Junqueras». «Hay una sentencia y hay que cumplirla», añadió un Aragonès que reclamó al PSOE «abandonar la vía represiva».
Esquerra vio reforzada su posición negociadora y, al mismo tiempo, vio encarecido –por la inhabilitación de Torra– el precio del acuerdo con el PSOE. De ahí que decidiese aparcar las negociaciones con el PSOE hasta que no haya un gesto por parte de Pedro Sánchez, que ayer guardó cauteloso silencio. Desde ERC añadieron que el gesto lo esperan, por ejemplo, por parte de la Abogacía del Estado, que en los próximos cinco días deberá dar su opinión sobre la aplicación de la sentencia del TJUE. Ayer, en una nota, la Moncloa se limitó a señalar que la Abogacía «está estudiando con el debido entendimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días». Volverá a ser una Navidad movida.