La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha ratificado la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el Tribunal Supremo (TS) por el referéndum del 1-O.
Según ha informado este jueves el departamento, la Secretaría ratifica la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados, una decisión que las juntas adoptaron sin unanimidad.
Así, tendrán la misma clasificación el exvicepresidente y eurodiputado Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La clasificación inicial de los políticos presos podrá ser recurrida por la Fiscalía y las defensas, aunque sin efectos suspensivos, hasta que sea el Supremo –el mismo órgano judicial que impuso largas condenas hacia estos nueve líderes– el que se pronuncie sobre la situación, como tribunal sentenciador.
Proceso de inserción social favorable
Para ratificar el segundo grado propuesto por los técnicos de las cárceles, el Servicio de Clasificación del Departamento ha tenido en cuenta el «proceso de inserción social favorable» de los presos, pero también la alta duración de las penas impuestas a los líderes del procés, de entre nueve y trece años de prisión, según ha apuntado la consellería en un comunicado a los medios.
El segundo grado u ordinario puede ser flexibilizado en un futuro mediante la aplicación de artículos del régimen penitenciario, como el 100.2 o el 117, que permite salidas diurnas del centro penitenciario para trabajar o llevar a cabo labores de voluntariado.
De hecho, en sus resoluciones de hoy, el Servicio de Clasificación ha recordado a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios bajo Administración catalana que «tal y como establecen varios artículos de la legislación penitenciaria, el régimen de vida en segundo grado también permite el inicio progresivo del retorno a la comunidad».
Propuesta de cambio de grado
Desde este jueves, se abre un periodo de seis meses en el que las juntas de tratamiento pueden revisar cada caso y, si lo consideran oportuno, proponer al Servicio de Clasificación un cambio de grado.
Los presos podrán empezar a pedir permisos penitenciarios al cumplir la cuarta pena de la condena, con lo que los primeros en poder solicitarlos serán el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, este mes de enero.
De hecho, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, ya anunció el miércoles que su cliente pedirá su primer permiso penitenciario el martes 14 de enero, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.