Gipuzkoa acogerá del 15 al 19 de enero el encuentro bianual de la Coalición Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. En el evento, organizado por Stop Desahucios Euskadi, participarán representantes de colectivos sociales de una veintena de países.

Stop Desahucios ha explicado que se trata de una «coalición necesaria y fundamental en un espacio europeo al servicio de las finanzas y de políticas de austeridad que vulneran derechos fundamentales y agravan la desigualdad en todas las dimensiones de la vida».

Han denunciado que «la vivienda representa un grave problema que incide en la pobreza y la exclusión social que afecta a más de cien millones de europeos», y han advertido de que «en la UE son necesarias normas básicas para controlar los alquileres en el sector privado, incrementar la oferta de viviendas sociales de alquiler, o acabar con la austeridad impuesta por el Tratado de Maastricht, que limita la inversión y la financiación en vivienda social».

«Por eso vamos a debatir sobre los desahucios sin alternativa habitacional, cómo generar vivienda pública para el alquiler social, movilizar la vivienda deshabitada, combatir la especulación y la financiarización, afrontar la accesibilidad, la pobreza energética, o la acogida de refugiados. También revisar el apoyo a la iniciativa ciudadana europea Housing For All para solicitar a la Comisión Europea que tramite propuestas legislativas en materia de vivienda», han apuntado.

«Momento histórico»

Asimismo, han señalado que este encuentro se realiza en «un momento histórico excepcional en el Estado español». «Vivimos una emergencia habitacional debido a la estafa y abusos financieros, a la reducción de la inversión pública, al escaso parque público de alquiler, a la intervención especulativa de grandes ‘fondos buitre’ como Cerberus o Blackstone cuyas Socimis no pagan impuestos; a las condiciones precarias de miles de familias que dedican más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda; o a la gentrificación en las ciudades destruyendo vecindades de clase trabajadora para sustituirlas por residentes más ricos. Además, se acaba de elegir un nuevo Ejecutivo que recoge en su programa el derecho a la vivienda como una prioridad de las políticas públicas», han señalado.

Y han alertado de que la CAV «no escapa a esta emergencia habitacional, a pesar de que la lucha en la última década ha dado resultados positivos». «La realidad, más allá de la propaganda gubernamental, es demoledora. Cada año desde que se inició la estafa inmobiliaria más de 1.200 familias son desahuciadas por ejecución hipotecaria o incapacidad de pagar el alquiler. Uno de cada cuatro vascos tiene dificultad para acceder a una vivienda digna. 50.000 hogares son insalubres y en 25.000 hay hacinamiento. Y 233.000 personas viven en pisos con gastos excesivos que no pueden pagar».

Cabe señalar que dentro de las actividades del encuentro se incluye el apoyo a una concentración el 17 de enero en el barrio de Benta Berri, organizada por la Asociación de Vecinos Alokairu, para denunciar la irrupción de los ‘fondos buitre’ en el mercado de la vivienda. «No podemos aceptar que los espacios para la vida sean ahora complejos productos financieros que son empaquetados para que los fondos de inversión puedan especular con ellos», han destacado desde Stop Desahucios.