El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido mantener vigentes las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra Carles Puigdemont y Toni Comín y ha pedido el suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda sus inmunidades. Asimismo, ha ratificado la orden de detención en el Estado español. Según Llarena, si son arrestados en el Estado, «no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio».

Asimismo, el magistrado ha pedido a la justicia belga que deje sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios.

La resolución argumenta, para justificar que se alce la inmunidad que les reconoce su condición de europarlamentarios, que los hechos imputados a ambos líderes independentistas «son muy anteriores a su elección» y «no guardan relación alguna» con su actividad en la Eurocámara.

Por último, el propio Llarena «inadmite» la recusación contra él mismo argumentando que es «extemporánea». Curiosamente, es el mismo argumento que utilizó la juez de la Audiencia Nacional Concepción Espejel para rechazar las peticiones de las defensas de los jóvenes de Altsasu de apartarla del caso por estar casada con un coronel de la Guardia Civil y haber sido condecorada por ese cuerpo militar.

Llarena ha tomado la decisión después de estudiar los informes de las partes sobre la posible incidencia que debe tener la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoció la inmunidad del exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio.