En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC abre una nueva causa al president de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, por no haber retirado la pancarta en favor de la libertad de los presos políticos del balcón de la Generalitat en el plazo fijado.

Dicha orden fue dictada, como medida cautelar, por la Sala de lo Contencioso del TSJC, a raíz de una demanda presentada por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, que pedía que se descolgara la pancarta y el lazo amarillo del Palau de forma permanente, no solo en período electoral. 

El president de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau «de forma inmediata».

Según mantiene el TSJC en su auto, Torra «se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial», de forma que el 27 de setiembre la pancarta seguía en la fachada, y fue el comisario general del cuerpo de Mossos quien la retiró por orden del tribunal, «dos días después de que se produjera el requerimiento judicial».

Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En vísperas de la reunión con Sánchez

Esta es la segunda causa que el TSJC abre al president catalán por no retirar símbolos de apoyo a los presos políticos de los edificios públicos, después de la que el pasado mes de diciembre le acarreó una condena a año y medio de inhabilitación, en una sentencia que todavía no es firme. La resolución judicial llega en vísperas de la reunión que Torra mantendrá con el presidente español, Pedro Sánchez, el día 6 en Barcelona.

«Venganza»

En un comunicado, el mandatario catalán ha denunciado que es blanco de un «nuevo ataque judicial» guiado «por la venganza y la ideología, que aleja cada vez más la justicia española de los estándares europeos».

Según Torra, «los tribunales de justicia continúan su causa general contra el independentismo motivada por razones políticas».

En este caso, precisa, la pancarta «no se prohibía durante el periodo electoral» sino que «se obligaba a retirarla del balcón del Palau de la Generalitat con carácter general y permanente», por lo que «se demuestra que el problema no era el periodo electoral ni la neutralidad de las instituciones en una campaña electoral», sino que «el Estado español tiene un problema con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales».

La defensa de Torra «tomará las decisiones oportunas contra este nuevo ataque judicial que será instruido por el mismo magistrado que en la ocasión anterior».