El diputado general de Araba, Ramiro González, ha explicado que la sentencia del ‘Caso De Miguel’ no impide contratar a la empresa Stoa, cuyo administrador, Sergio Fernández Oleaga, ha sido condenado a una pena de 1 año y medio de prisión. 

González ha comparecido este lunes ante la comisión de Presidencia de las Juntas Generales a petición del PP para dar explicaciones sobre una trama de corrupción por la que han sido condenados a penas de entre 6 y 13 años de cárcel el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, y los exburukides Koldo Ochandiano y Aitor Telleria.

En su comparecencia, el diputado general de Araba ha pedido «perdón» y ha hecho «autocrítica» de lo acontecido, ya que «no funcionaron los canales para detectar la trama». No obstante, ha aclarado que él era juntero cuando saltó a la luz pública el caso en 2010. «No tuve ninguna responsabilidad. Creo que iba en el puesto 17 en las listas del PNV», ha precisado.

«Responsabilidad moral del PNV»

Kike Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu, ha hecho hincapié en «la responsabilidad moral del PNV», ha exigido «tolerancia cero con la corrupción» y ha censurado que Koldo Ochandiano siga ejerciendo como contable del Parque Tecnológico de Miñao, a pesar de haber sido condenado por delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

González ha dicho desconocer la situación laboral de Ochandiano, pero imagina que «responde a la Ley en materia laboral». Ha incidido que «es más difícil resolver un contrato laboral que uno civil» y ha asegurado que el Parque Tecnológico obrará «en función de lo que dicte la Ley».

Cabe señalar que la semana pasada el alcalde de Gasteiz, el jeltzale Gorka Urtaran, anunció que el Consistorio mantendrá su acuerdo contractual con Stoa y, además, le adjudicará un nuevo contrato con la sociedad pública Amvisa.

El Parque Tecnológico de Miñano sí que procedió a rescindir el contrato de asesoramiento que mantenía son Stoa para la ampliación del polígono, ya que la sentencia dictó que este acuerdo estaba directamente relacionado con la trama. Es más, constató que Fernández Oleaga abonó 3.750 euros a Alfredo de Miguel para hacerse con el contrato.