En los citados lugares, donde también se suspenden los plazos procesales, se garantizarán los servicios esenciales y de guardia, asegura el CGPJ en un comunicado tras reunirse de forma extraordinaria por segunda vez en esta semana su comisión permanente.

Este órgano ha acordado, además, extender al resto del estado el escenario 2, que había definido en su primera instrucción y que permite a los jueces suspender sus vistas por razones sanitarias, previa autorización del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

En la reunión de este viernes se ha diseñado un nuevo escenario, el 3, para los territorios en los que las autoridades adopten medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales.

En ese escenario, en el que se encuentran en estos momentos la CAV, así como la Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada, se garantizará «cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable» y la adopción de medidas cautelares y otras decisiones «inaplazables», subraya el CGPJ.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan; el Registro Civil prestará atención en las horas de audiencia para inscripciones perentorias; y se mantendrán las actuaciones con presos o detenidos.

El Consejo ha acordado además reforzar los órganos del orden contencioso-administrativo para que puedan autorizar o ratificar con agilidad las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como entradas en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.

Las asociaciones de jueces y fiscales, muy críticos con las directrices que hasta ahora había adoptado el Consejo, habían pedido esta mañana la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, si no reforzaba las medidas y establecía un criterio común para todo el país, al considerar que las instrucciones ofrecidas hasta el momento generaban «caos».

De las siete asociaciones, solo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha suscrito su propio comunicado, el que exigía al Consejo «la inmediata suspensión de todos los señalamientos no urgentes».