Desde este martes el aislamiento es un hecho, también para las personas encerradas en cárceles y centros de retención administrativa existentes en el Estado francés.

De por sí extirpados de la realidad social cotidiana, la suspensión de los «parloir» o visitas (sin cristal en cárceles del Hexágono) aísla definitivamente a los presos, que quedan a expensas de las llamadas telefónicas y de las comunicaciones por carta.

En el caso de los centros de retención de migrantes, la situación es más lacerante: son personas que llegan al Hexágono después de un viaje de por sí traumático y a las que se encierra en centros de retención administrativa (CRA), como el existente en Hendaia, a la espera de que se ejecute la orden de expulsión.

Se calcula que actualmente unas 900 personas se encuentran confinadas en los centros de retención que existen en el Hexágono.

No tienen familia cerca, y muchas veces tampoco contactan con ella cuando les es posible «para no hacerle partícipe del fracaso que implica no llegar al destino del viaje», indica una voluntaria hendaiarra de la Cimade. Sólo los abogados y las asociaciones tratan de darles una cobertura. Con el confinamiento ese hilo también de ha debilitado.

La organización que trabaja en la asistencia legal a migrantes ha reclamado abiertamente que se libere a las personas que se encuentran en centros de retención, «sin haber cometido delito, a lo sumo falta administrativa».

Esta tarde, Julie Aufure, voluntaria de la Cimade, daba cuenta vía redes sociales del cierre «hasta nueva orden» del CRA de Hendaia. Las seis personas que se contraban hasta ahora en el centro sito al lado de la Comisaría de Policía, en Hendaia, han sido llevadas a Burdeos, a un centro de retención más importante, pero en el que «no se cumplen las condiciones de higiene, ya que ya no se garantiza el servicio de limpieza, por no decir que las celdas están en un subsuelo con mala ventilación y soin condiciones para aplicar los protocolos contra el Covid-19» asegura la misma fuente.

Prefecturas cerradas, no hay papeles

El primer servicio que han cerrado las prefecturas ha sido precisamente el de regularización de la situación de personas extranjeras. La Cimade alerta de la indefensión que se añade para miles de ciudadanos que viven en una situación delicada, al estar a la espera de que se les otorguen papeles de residencia y que temen que sus dosieres queden en un limbo.

La sanidad universal está asegurada en estos tiempos de pandemia, pero ¿cómo acceder sin papeles a las medidas para paliar la crisis anunciada por el Gobierno galo?

Los centros de retención centran ahora mismo la atención principal de las organizaciones de solidaridad. Para la más conocida, la Cimade, es insostenible mantener a estas personas en espacios en los que no se puede garantizar la aplicación de las normas sanitarias esenciales para combatir la expansión del Covid-19.

Condiciones de detención indignas

En las prisiones, advierte, por su parte, el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), la situación no es mejor.

Según las estadísticas de la propia administración penitenciaria gala, a fecha de octubre de 2029, en las 188 cárceles existentes en el Hexágono estaban recluidas 70.818  personas.

Los sucesivos gobiernos franceses han aprobado versiones cada vez más restrictivas del código penal. Como resultado cada vez es más fácil acabar en prisión y cada vez más difícil salir de los muros. La máxima, evidentemente, no cuenta para los delitos financieros y de corrupción.

Las penas abiertas, las excarcelaciones por motivos de salud –¡qué sarcasmo tan insoportable que cuando la salud es la prioridad para todos se juegue a la ruleta rusa con los presos con patologías graves!–, los permisos, las libertades condicionales en definiva, se han convertido en un lujo en un país que ha hincado la rodilla ante la doctrina securócrata.

Un preso fallecido por Covid-19, y los tribunales cerrados

De escándalo habría que tachar, si a alguien importara la realidad intramuros, que el primer preso diagnosticado por Covid-19 haya sido un hombre de 74 años de edad encerrado en la cárcel de Fresnes. El preso ingresó, ya con un cuadro de salud preocupante, en la vetusta prisión parisina el 8 de marzo pasado, y el martes se conoció su fallecimiento.

Como la mayoría de los servicios públicos, a excepción de los ligados a la gestión de esa que Macron llama «la guerra sanitaria», los tribunales han cerrado sus puertas en el Hexágono.

Esa decisión solo hace más necesaria, indica el OIP, que se abran de inmediato las puertas de las cárceles, siquiera para contrarrestar un mal crónico: el exceso de población carcelaria.

La Corte Europea acaba de condenar a Francia por las condiciones de detención indignas que se dan en sus prisiones. «Por razones de crisis sanitaria, pero también por motivos de seguridad, se impone adoptar medidas de salida controlada de presos», señala el observatorio, que recuerda los recientes amotinamientos en las prisiones italianas.

El mapa penitenciario francés es demoledor: 144 establecimientos o secciones penitenciarias presentan problemas de sobrepoblación. Los presos viven en celdas exiguas, en las que conviven dos o tres personas, cuando no duermen en salas compartidas por hasta ocho presos.

Solo los paseos de patio se mantienen, los talleres y otras actividades han quedado suspendidas, por lo que los detenidos pasarán todavía más tiempo encerrados en su celda. Además, las cárceles tienen muchos otros espacios que entrañan peligro especial en tiempo de pandemia. Es el caso de los comedores o las duchas.

Medidas de urgencia con encaje para presos vascos

No sólo el OIP, también la institución que vela por el control general de prisiones, han puesto ya sobre la mesa propuestas concretas: libertad bajo control judicial para presos preventivos, aceleración de medidas de excarcelación de presos al final de condena o suspensión de penas en casos de enfermedad.

En ese último supuesto encajaría el lasartearra Ibon Fernandez de Iradi, al que una decisión mantiene preso en Lannemezan pese a padecer una esclerosis múltiple.

En la cárcel de La Santé se encuentra el preso de Ugao Josu Urrutikoetxea, detenido el pasado mayo y operado en verano de una dolencia de próstata, y que también tiene una edad avanzada: 69 años. Además es preso preventivo, al no haberse promulgado condena firme en su contra. Se aceptó una orden de entrega, que está en fase de recurso. Recientemente parlamentarios galos han empredido una iniciativa sobre el caso de Josu Urrutikoetxea.

La misma edad que Urrutikoetxea tiene Juan Cruz Maiza Artola, natural de Etxarri Aranatz, que está encerrado en la prisión landesa de Lannemezan.

Los tres lapurtarras más veteranos en cárceles francesas tienen también más de 65 años: Jakes Esnal tiene 69 años, Xistor Haranburu 66 y Ion Kepa Parot 68. Los tres cumplirán en 4 de abril 30 años recluidos entre rejas. La decisión respecto a la demanda de libertad condicional de Jakes Esnal está fijada para el 9 de abril.

La Fiscalía se ha encargado en los últimos meses de bloquear las decisiones de los jueces para que Haranburu, Esnal y Parot (su hermano Unai está también en prisión desde hace tres décadas, pero en Andalucía), y también la kanboarra Lorentxa Beyrie, en situación de final de pena, vuelvan a sus casas con medidas de control judicial.

Hay que destacar que la presa Alaitz Areitio además ganó una demanda relativa a la discriminación que sufren, debido a un cambio legal, los presos de Hego Euskal Herria para acceder a la libertad condicional al no tener «nacionalidad francesa».

Son solo algunos casos que dejan constancia de que por vía judicial se han entreabierto puertas que, de existir decisión política, facilitarían los pasos que exige la actual crisis.

EPPK, un colectivo con canal abierto con París

En todo caso, a la demanda persistente de la sociedad vasca en relación a los presos, se suma otro factor mayor que debería llevar definitivamente el tomar medidas, ahora ya por imperativo de salud: en el Estado francés solo 36 personas integran el colectivo de presos vascos.

Es un colectivo organizado, como quedó sentado en la triangulación delegación vasca-Gobierno-portavoces de EPPK que permitió avanzar en distintas materias ligadas al proceso de paz y esencialmente permitió proceder a medidas como el levantamiento del estatus especial DPS y el traslado de la mayoría de los presos vascos a Lannemezan y Mont-de-Marsan.

Definitivamente los márgenes de maniobra son del todo favorables, y las iniciativas para empujar en esa dirección también están en marcha.

Lo que ayer era de justicia hoy es una imperiosa exigencia, desde el punto de vista humano pero también por el bien de la salud democrática de una sociedad que no puede aceptar que las medidas de protección sanitaria no sean de aplicación en esos «espacios oscuros» que son las cárceles y los centros de retención administrativa para personas migrantes.