ELA ha presentado cinco nuevas demandas a residencias por «vulnerar el derecho a la salud y la vida de sus trabajadoras». Tres corresponden a Bizkaia, una a Araba y otra a Gipuzkoa. También ha demandado a las tres diputaciones forales.

Explica que desde hace más de un mes y siendo conocedores de que las residencias eran un foco de máximo riesgo para la extensión del Covid-19, desde ELA trasladaron por escrito a las tres diputaciones y a los gobiernos de Lakua y Nafarroa su «total disponibilidad a colaborar con las instituciones vascas».

En las misivas se explicaban las carencias que existían en las residencias, la necesidad de realizar test tanto a trabajadoras como a usuarios y usuarias, que se dotara a toda la plantilla de EPIS y que se cumplieran de manera íntegra los protocolos.

Según lamenta ELA, un mes más tarde, «la tardanza e incumplimientos de estas medidas están teniendo gravísimas consecuencias en las residencias de nuestro país».

Los datos son muestra de ello: En Gipuzkoa de los 161 muertos por el Covid-19 117 fallecimientos se han dado en las residencias y 314 usuarios y usuarias han dado positivo. En Araba, de 274 muertos 118 fallecimientos se han dado en las residencias y 375 residentes han dado positivo. En Nafarroa, más de la mitad de los fallecimientos se han dado en las residencias y en Bizkaia la negativa a dar datos por parte de la Diputación imposibilita en conocimiento exacto de la afección.

Por ello y tras presentar demandas en tres residencias de Gipuzkoa en las que el Juzgado de lo Social ha accedido a la petición en dos de ellas y todavía no hay auto de la tercera, ELA ha presentado cinco nuevas demandas por «vulnerarse el derecho a la salud y vida de las trabajadoras».

En Bizkaia

Tres demandas corresponden a la residencia Abeletxe de Ermua, Fundación Miranda de Barakaldo y la Residencia Arandia. En las tres demandas se incluye también a la Diputación Foral de Bizkaia por ser responsable y titular del servicio.

En la Residencia Abeletxe de Ermua, gestionada por la empresa Vitalitas-Vialia, han fallecido 18 usuarios y usuarias y casi 30 trabajadoras han dado positivo. «El incumplimiento de las medidas y de los protocolos está siendo una constante al igual que la falta de personal».

En la Residencia Arandia de Arrigorriaga, del Grupo Domus VI, han fallecido nueve usuarios. «Se incumplen los protocolos y la falta de EPIs se mantiene a fecha de hoy».

En la Residencia Fundación Miranda de Barakaldo, donde han fallecido 12 usuarios, «no se han cumplido los protocolos, falta personal y las trabajadoras no disponen de EPISs completos».

En Araba

En Araba ELA ha presentado una demanda a la residencia Ariznavarra, de la empresa Domus VI, y a la Diputación Foral. «La falta de EPIs en este centro ha sido una constante desde que se inició la crisis sanitaria. Como último ejemplo alarmante, Osakidetza ha suministrado unas mascarillas caducadas desde 2009. 32 trabajadoras están de baja y de los residentes más del 35% ha dado positivo y a fecha de hoy son 10 los fallecidos por Covid-19», detalla.

Además de esta demanda, ha presentado tres denuncias en la inspección por graves incumplimientos en materia de salud laboral en las residencias Juan Pablo, Elorri y la residencia Zelaizabal.

En Gipuzkoa

En Gipuzkoa, en la Residencia Berra de Altza (Donostia) del Grupo Domus VI han fallecido 25 personas desde el pasado 20 de marzo. Además, 38 trabajadoras están de baja por haber dado positivo y hay otros 28 residentes con positivo, habiéndosele hecho el test solo a los residentes que presentan síntomas.

En estas demandas, ELA solicita medidas para que las direcciones provean urgentemente a todas las trabajadoras de EPIs homologados, se realicen test a las que faltan y que se cumplan de manera íntegra las guías y protocolos estipulados, se realice la correcta clasificación de los usuarios, se dé formación a las trabajadoras y se elabore de un plan de contingencia que contenga, entre otros aspectos, planes de continuidad de la actividad y contratación de personal ante el aumento de las bajas laborales del personal.

ELA también solicita que por cada día que no se garantice la salud de las trabajadoras se imponga una multa a las empresas gestionadoras del servicio.