El sindicato LAB ha considerado que el Plan de Educación para el fin de curso, presentado este miércoles por la consejera Cristina Uriarte, «no responde a las necesidades de la comunidad educativa» y, además, «llega con un retraso de una semana al menos».
Señala que este retraso «resulta incomprensible», ya que se trata de un plan que «sigue las pautas marcadas desde Madrid y que solo introduce pequeños elementos de flexibilidad anunciados ya por la ministra de Educación, Isabel Celaá, el pasado día 15».
Tras criticar que el Gobierno de Lakua presenta una planificación «diseñada de nuevo de espaldas a la comunidad educativa», LAB ha señalado que deja el cierre del curso «en manos de los centros, con la excusa de su flexibilidad o autonomía, por lo que tanto serán los equipos directivos y los claustros quienes decidirán cómo evaluar el tercer trimestre y el curso escolar».
Asimismo, ha apuntado que, en el caso del alumnado «descolgado», la ausencia de un plan específico para el mismo «ahonda en la brecha socioeconómica y sitúa la responsabilidad de su proceso educativo en el refuerzo que le imponga el profesor».
LAB ha considerado que el Gobierno de Lakua «ha excluido totalmente de este plan los ciclos de educación infantil» y ha criticado que está «especialmente centrado en el profesorado y en la evaluación, dejando al margen, entre otros, el personal de servicios o especialistas de apoyo educativo».
ELA
Por su parte, ELA ha denunciado la «falta de transparencia» del Gobierno de Lakua y la «falta de respeto» mostrada a sindicatos y trabajadores ya que, «como es costumbre» han vuelto a conocer las intenciones de Lakua a través de la prensa.
ELA indica que consejera de Educación ha convocado a los sindicatos a una reunión para el 29 de abril y una semana antes «ha hecho públicas en rueda de prensa algunas de las medidas que se deberían plantear en dicha reunión».
Además, ha calificado de «ofensivo» que las medidas hayan sido compartidas con las patronales de educación concertada y «que no hayan tenido ningún tipo de contacto con las asociaciones de padres y madres y sindicatos».
Por otro lado, ELA ha afirmado que el hecho de que Lakua no haya comunicado ninguna decisión firme sobre el retorno de las clases presenciales «deja en la incertidumbre a miles de trabajadores educativos y familias».
ELA considera que la implantación del confinamiento completo ha sido «una medida imprescindible para frenar la propagación del virus» y cree que antes de tomar una nueva decisión «hay que tener claras las medidas para garantizar la salud tanto del personal educativo como del alumnado». «Saber que se va a poner en marcha el curso sin discutir medidas de garantía de salud es una frivolidad», afirman.
Steilas
A su vez, el sindicato Steilas ha lamentado que el plan no se haya consensuado con la comunidad educativa y que, a pesar de que todas las medidas adoptadas por el Departamento de Educación influyen en las condiciones laborales de los trabajadores, «a día de hoy no existe ningún marco de negociación para abordar todos estos cambios ni para negociar los recursos de los que habrá que dotar a los centros para el curso 2020/21».
Tras recordar que la mayoría de procesos administrativos están paralizados, ha denunciado que Educación no ha aportado ninguna información sobre los procesos de OPE, de estabilidad de las plantillas, del concurso de traslados o de admisión de alumnado.
Aunque ha reconocido que no todas las etapas, ciclos y cursos son iguales, ha mostrado su disconformidad con que se establezcan como prioritarios algunos de ellos. «Todos tiene sus características y desde un punto de vista pedagógico tan prioritario puede ser un curso en el que se esté trabajando la escritura como un curso de bachiller. Es más, la consejera ni siquiera ha mencionado la etapa de 0-3 y la Educación especial», ha reprochado.
En esta línea, ha señalado que, «aunque es cierto que las áreas instrumentales cobran especial importancia en esta situación», el resto de áreas «no deben ser arrinconadas y descartadas».
Así, critica que se consideren «prescindibles a las trabajadoras que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, a las profesoras de música, etc, cuando es evidente que desarrollan labores determinantes en los centros educativos».
Además, ha denunciado que el Departamento de Educación «continúa sin aclarar cómo va a ayudar a aquellos alumnos que continúan excluidos del sistema educativo«. «Quedan dos meses de curso escolar y la administración no puede limitarse a poner un ordenador en manos de estas familias. Es una muestra más de la negligencia con la que está actuando el Departamento en este momento tan excepcional», ha alertado.