Una vueltta a clase, a partir del 11 de mayo, que no se desarrollará igual ni en todos los territorios ni afectará por igual a todos los centros. La rentrée se escalonará en tres semanas, empezando por los alumnos más jóvenes, los de primaria, y bajo estrictas medidas de seguridad, ya que la recomendación general es que no haya clases de más de quince alumnos.

En plenas vacaciones de Pascua, que finalizarán el 4 de mayo, la pregunta es cómo se podrán organizar los centros para responder a las exigencias que plantea Educación.

El plan del ministro Jean-Michel Blanquer, que avalará previsiblemente hoy el Consejo de Ministros en París, no despeja dudas. ¿Cómo se remodelarán las aulas y las clases ? ¿Habrá transporte escolar? ¿Habrá comedor? se preguntan las familias.

Consultar a instituciones locales

Y de momento los centros no pueden dar respuestas. En la carta dirigida a familias y alumnos a principios de semana por el colegio Piarres Larzabal de Seaska, de Urruña-Ziburu, se dice expresamente que desconocen todavía cómo se desarrollará esa desescalada escolar planteada desde París y que, según denuncia la oposición conservadora francesa, por boca del senador de Vendée y jefe de grupo Les Républicains, Bruno Retailleau, «se ha puesto en marcha sin consulta o concertación alguna con las colectividades territoriales».

Sin embargo corresponde, al menos en parte, a esos estamentos más locales, de los que dependen en parte algunos servicios, como el transporte o la cantina, participar de la organización de un dispositivo que ya ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos de profesores.

Es el caso del sindicato SnuiPP-FSU, que se ha posicionado abiertamente contra «una reapertura de las clases que no se lleve a cabo con las debidas garantías sanitarias».

La central cree que la decisión de volver a los cursos presenciales «se presenta como una medida para responder a las desigualdades, a las dificultades de algunas familias y la falta de medios de algunos alumnos, pero el objetivo más bien es mandar a los chavales al colegio que los padres puedan salir a trabajar».

Test, máscaras y desinfección de espacios

Reclama la realización de test serológicos y el reparto de mascarillas a los centros como pasos previos e indispensables y aboga por un protocolo que permita clausurar la escuela caso de detectarse algún contagio por coronavirus «de alumnos o profesores».

También demanda medidas de desinfección más exhaustivas y formación en la aplicación de gestos de higiene y barrera, «difíciles de llevar a cabo con alumnos de 3 o 4 años de edad».

El plan Blanquer habla de una decisión de los padres. Las familias podrían optar entre enviar a clase a sus hijos o que sigan en casa, si los padres pueden continuar con el teletrabajo. Nada se dice de cómo se van a repartir los profesores en la doble labor de enseñanza presencial y online. Tampoco de cómo aplicar los métodos de evaluación a alumnos en situaciones diferentes.

«Faltan medios y efectivos»

«Ansiedad» es el término que utiliza Alice, una profesora hendaiarra, para definir su estado de ánimo en estas vacaciones de Pascua bastante «virtuales».

Hace una lectura mitigada de cómo han funcionado las cosas durante la pandemia. «Nos ha costado adaptarnos, y las familias no siempre pueden o tienen medios para apoyar la labor del colegio en casa», explica. Y hace inmediatamente hincapié «en la falta de personal», en un sector que, como recuerda Alice, «estaba movilizándose contra los recortes y contra la reforma de pensiones que nos castiga doblemente» antes de que llegara el Covid-19.

No cree que el 11 de mayo se vaya a poner en marcha «todo lo que dice el Ministerio» y se pone en el lugar del director de su centro «que debe asumir una gran responsabilidad, como es asegurarse de que los profesores y los alumnos no corramos riesgos».

Es discreta a la hora de dar su opinión respecto a algunos llamamientos, todavía no muy concretos, para que los profesores bloqueen la vuelta a las aulas, y teme que ello genere tensiones, por no hablar de las sanciones que podrían activarse «porque somos funcionarios y prestamos un servicio esencial».