Según detalla el PP en la exposición de motivos de dichas iniciativas, Jon Sánchez Ibarluzea fue denunciado el pasado 21 de abril por la Policía Local de Castro Urdiales (Cantabria), acusado de romper el confinamiento, al haberse trasladado a vivir a su segunda residencia en esa población cántabra, alegando que «solo estaría un par de días y que se había trasladado allí porque estaba a la espera de someterse al test del Covid-19, ya que en su trabajo había habido varios contagios».

La iniciativa está suscrita por la adjunta a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, el portavoz adjunto del GPP Carlos Rojas, la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, y la portavoz adjunta de Interior, Beatriz Fanjul.

Por todo lo anterior, el Grupo Popular reclama al Gobierno «los informes, documentos y copias de las propuestas de sanción». Asimismo, pregunta también al Gobierno si considera «irresponsable dicha actuación, que podría haber ayudado a extender la pandemia en dicho municipio».

Pero del contenido se desprende que el PP tiene sospechas de que hubo alguna actuación oficial, y desde Madrid, para evitar la sanción. Así, el grupo quiere además conocer, entre otras cosas, qué hechos y normas motivaron la propuesta de sanción, y por qué han transcurrido más de 15 días «sin que se tenga conocimiento de la misma».

En esta misma línea, exige al Gobierno que diga si «se dieron órdenes desde el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno para no tramitar la sanción impuesta por la Policía Local».

Por último, el Grupo Popular reclama saber si tuvieron conocimiento de dicho incidente el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad y, en ese caso, si alguno de ellos impulsó alguna gestión para impedir dicha sanción.