Aunque pueda parecer una tramitación de urgencia comparada con el ritmo habitual al que se desarrollan los procesos más relevantes en el seno de la UE, las instituciones comunitarias siguen tomándose las cosas con calma a la hora de afrontar las consecuencias socioeconómicas de la epidemia del coronavirus.
Porque en las últimas semanas se están sucediendo los anuncios en torno a las ayudas para reactivar la economía donde es más necesario el apoyo comunitario, pero sin llegar a la toma de decisiones.
Con el paso que ha dado hoy, Bruselas abre la puerta a las negociaciones entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo para cerrar en los próximos meses un acuerdo sobre este fondo de reconstrucción y sobre el presupuesto de la Unión para el periodo 2021-2027, al que estará vinculado el plan de recuperación.
La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha desvelado los detalles de las dos propuestas elaboradas en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo, para a continuación comparecer ante la prensa sobre el mismo asunto.
¿Viraje o nada nuevo?
A través de Twitter, el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, había avanzado la cifra total del fondo: 750.000 millones, que se distribuirán en dos años y que será canalizado a los Estados miembros principalmente a través de transferencias directas (500.000 millones) y de préstamos a devolver (250.000 millones).
«La Comisión propone un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que se añade a los instrumentos comunes ya en marcha. Un viraje europeo para afrontar una crisis sin precedentes», ha comentado Gentiloni antes de la intervención de la presidenta de la Comisión.
Posteriormente, la política alemana ha señalado que desembolsar fondos europeos en forma de subvenciones «no es nada nuevo».
«El presupuesto europeo siempre ha estado compuesto por transferencias, esto no es nada nuevo –ha insistido Von der Leyen–. Subvenciones para inversiones específicas, para aumentar la cohesión (...). El hecho de que siempre haya funcionado demuestra que puede volver a funcionar».
Emisión de bonos por la CE
El Ejecutivo comunitario planteará a los Estados que el fondo esté financiado por la emisión de bonos por parte de la propia Comisión, aunque está descartado que carezcan de vencimiento, como propuso el Gobierno español con el concepto de deuda perpetua.
Para ello, la Comisión quiere aumentar el techo de recursos propios del presupuesto de la UE, lo que en la práctica ampliará su margen para emitir deuda sin que los países tengan que elevar ahora su contribución a las arcas comunitarias.
Bruselas prevé emitir deuda en el mercado con el respaldo del presupuesto aprovechando que su calificación triple A asegura bajos tipos de interés.
El plan de Von der Leyen recogerá que aproximadamente el 80% del dinero captado en los mercados sea transferido a los Estados miembros a través de una herramienta llamada Facilidad para la Resiliencia y la Reconstrucción (RRF) y de una dotación adicional a la Política de Cohesión que se distribuirá entre los socios europeos con una clave de reparto distinta a la tradicional y relacionada con el impacto de la pandemia del covid-19.
El dinero disponible para los Estados a través del primero de estos dos instrumentos estará vinculado al llamado Semestre Europeo y será desembolsado bajo el compromiso de los países de cumplir con las recomendaciones económicas de Bruselas y potenciar sus transiciones digital y ecológica, según adelanta Europa Press.
La segunda columna del plan aglutinará entorno al 15% de la financiación total y centrará su atención en el sector privado. Estará formado por el antiguo Plan Juncker, una herramienta de inversiones estratégicas en industrias clave en las que la UE es muy dependiente del exterior, y un instrumento para incentivar las inversiones en compañías afectadas por la pandemia con garantías europeas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El tercer pilar incluirá un nuevo programa europeo centrado en el sector sanitario, el programa de investigación Horizonte o la reserva de equipos médicos recientemente creada «rescUE».
Profunda división
El borrador de la Comisión Europea llegará tras semanas de declaraciones, comentarios, propuestas y documentos cruzados entre los Estados miembros y sus líderes que han evidenciado que todavía existe una profunda división entre el sur y el norte del bloque en relación al diseño del plan de relanzamiento económico tras la pandemia.
En un intento para marcar el ritmo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se adelantaron a la propuesta de Von der Leyen con un documento conjunto en el que abogaban por crear un fondo de 500.000 millones de euros financiado por la emisión de deuda por parte del Ejecutivo comunitario.
Según el planteamiento franco-alemán, el dinero recaudado en los mercados se traspasaría a los estados miembros únicamente a través de transferencias directas, pero estaría vinculado al compromiso de los gobiernos de seguir adoptando reformas estructurales.
El documento de París y Berlín fue aplaudido por países del bloque del sur como el Estado español, Italia o Portugal –que son denominados «amigos de la cohesión», al tiempo que era criticado por el otro frente en las negociaciones, liderado por Países Bajos con el apoyo de Austria, Dinamarca y Suecia.
Estos últimos, autodenominados «cuatro frugales» pusieron el contrapunto a la propuesta franco-alemana en otro texto conjunto en el que rechazaban cualquier iniciativa que suponga la mutualización de deuda y abogaban por canalizar el dinero a través de préstamos a devolver.
Al utilizar el término «frugalidad» estos cuatro países quieren evitar que se les acuse de impulsar una nueva «austeridad», concepto que ha caído en descrédito entre la opinión pública de los países más castigados por la crisis financiera que estalló en 2008. Según la RAE, «frugalidad» significa «templanza, parquedad en la comida y la bebida», es decir, lo contrario del «exceso».
Con las propuestas del Ejecutivo comunitario ahora se abre el periodo de negociaciones para lograr un acuerdo sobre el conjunto que debe alcanzarse por unanimidad y después ser aprobado también por el Parlamento. Al menos habrá que esperar hasta mediados de junio para saber si los jefes de Estado y de Gobierno alcanzan un consenso.