El ERTE fue impulsado por el equipo de gobierno local (PNV-PSE) desde el 21 de marzo ante la caída del uso de los autobuses urbanos en más de un 90% debido al confinamiento decretado para contener la pandemia del covid-19.

El expediente recibió el visto bueno del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno de Lakua, que posteriormente inadmitió el recurso de alzada que había registrado el comité de empresa.

Los trabajadores llevaron al asunto a los tribunales y ahora el juzgado de lo Social 2 de Gasteiz considera «injustificado» el ERTE.

La jueza reconoce que hubo causas de fuerza mayor que lo justificaban, pero concluye que Tuvisa no puede aplicar la figura jurídica del ERTE es una entidad pública porque la mayor parte de sus ingresos provienen de las instituciones y no de la venta de billetes.

El Ayuntamiento, que a la espera de un análisis pausado de la sentencia no ha desvelado si la recurrirá, ha recordado que como consecuencia de la pandemia los servicios que ha prestado Tuvisa se han reducido en un 50% de media y los ingresos «se han desplomado».

De hecho, la previsión de ingresos por billetes se ha reducido en casi 4 millones de euros por el momento, ha informado el consistorio en una nota.

Por ello, ante esta situación generada por el estado de alarma y aludiendo a «la negativa del comité de alcanzar un acuerdo», se planteó un ERTE para «salvaguardar el buen uso» de los recursos públicos y «blindar la viabilidad económica» de Tuvisa ante el descenso de usuarios.

«Al margen de la nulidad del ERTE, el problema de la viabilidad económica de la empresa en el contexto de la crisis del covid-19 debe ser afrontado por los grupos municipales que integran el Consejo de Administración. Se tendrán que articular medidas para garantizar la viabilidad económica», advierte el Ayuntamiento en una nota.