Antes de poder acudir a los mercados de deuda para captar los 750.000 millones con los que se dotaría el Fondo de Recuperación, la Comisión Europea necesita el permiso de todos los parlamentos estatales de la UE para elevar su techo de recursos propios hasta el 2% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión.

De entrada, este procedimiento, sumado al hecho de que el fondo de reconstrucción está vinculado al Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027, imposibilita que el estímulo fiscal pueda desembolsarse ya este año. Pero para salvar este obstáculo, el Ejecutivo comunitario propone a los Estados miembros enmendar el presupuesto actual y adelantar así el pago de 11.500 millones.

«Dada la naturaleza del MFF, (el fondo de recuperación) solo podría empezar en 2021, pero la crisis ya está aquí, está aquí todos los días y requiere una respuesta adecuada», ha comentado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en una rueda de prensa para explicar los detalles de la propuesta.

Distintos instrumentos

En concreto, la intención de Bruselas es que a partir de setiembre de este año ya se puedan adelantar 5.000 millones de la dotación complementaria de la Política de Cohesión, que en total asciende a 55.000 millones hasta 2022.

A esto se añadirían otros 5.000 millones en provisiones relacionadas con el Instrumento de Solvencia, con el que el Ejecutivo comunitario quiere incentivar inversiones del sector privado en empresas especialmente golpeadas por la crisis.

Para conseguirlo, plantea también reforzar con 500 millones el capital del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), la entidad filial del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de la que dependerá esta herramienta.

Por último, propone adelantar 1.000 millones de euros del fondo de reconstrucción económica para atender las necesidades derivadas de la pandemia de los países vecinos de los Balcanes.

«No es un programa de ajuste»

Por otro lado, la Comisión Europea ha afirmado este jueves que las ayudas del futuro Fondo de Recuperación no estarán sujetas a condiciones como las que se impusieron en los rescates financieros que siguieron a la crisis que estalló en 20088, aunque los Estados tendrán que usarlas para reformas e inversiones en línea con las recomendaciones de Bruselas.

«Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente. Esta es una nueva herramienta, que es voluntaria y está basada en las prioridades nacionales establecidas», ha resaltado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa.

No obstante, para recibir el dinero, los Estados beneficiarios deberán presentar planes de reformas estructurales e inversiones que respeten las recomendaciones que hace la Comisión cada año y estén en línea con las prioridades políticas europeas, así como cumplir con el calendario y las metas que acuerden con la Comisión para implementarlos.

«Esto no va de condicionalidad e intrusión de Bruselas (...) pero por supuesto la concesión de subvenciones está ligada a la implementación exitosa de las políticas», ha añadido el comisario italiano, insistiendo en que el fondo es diferente a las herramientas que se usaron durante la pasada crisis financiera.

«Recuperación y Resiliencia»

Gentiloni ha presentado, junto al vicepresidente comunitario Valdis Dombrvoskis, los detalles del nuevo Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, la pieza central del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros elaborado por la Comisión para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

Este contará con 560.000 millones de euros, de los que 310.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos.

El Ejecutivo comunitario quiere que el 60% de las subvenciones esté comprometido antes de 2022 y el remanente hasta el final de 2024, mientras que los préstamos deberían solicitarse antes de que termine 2024, cuando dejará de estar operativo el fondo.

En la práctica, para presentar los fondos los países tendrán que presentar «planes de recuperación y resiliencia» a la Comisión en abril, junto a sus programas estatales de reformas, o en octubre con los borradores presupuestarios para el año próximo.