Las comparecencias del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, son pura metáfora, por su condición híbrida de solo ante el peligro y al mismo tiempo alejado del ruido –en su caso, judicial y policial– que pudiera hacerlo zozobrar.

En ese sentido, este viernes Simón ha mantenido un discurso netamente optimista, al punto de que ha asegurado que la pandemia está «prácticamente controlada» en el Estado español, justo el día en el que el sindicato de la Policía Española Jupol, que se le ha querellado de los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

Ajeno a ese ruido, en parte porque no se le han hecho llegar preguntas al respecto, Fernando Simón ha contabilizado un único deceso en todo el Estado español en las 24 últimas horas, 52 en la última semana, y un número de contagios de 177 en la última jornada, una cifra similar a los días anteriores, aunque levemente inferior. Asimismo, se han detectado 249 casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días.

Así las cosas, el conteo oficial español es de 27.134 fallecidos y 240.978 casos de acuerdo a las pruebas PCR.

Aunque todavía reste para que se abran las fronteras al resto de países (en principio el 1 de julio, aunque podría adelantarse), algo circunscrito a la «nueva normalidad» que se avecina, Simón ha mostrado su mayor foco de alarma en el peligro de los «casos importados».

Precisamente, y respecto al repunte de casos que ha tenido Portugal en los últimos días, el experto ha reconocido haberse sorprendido dado la «evolución bastante buena» que ha tenido a lo largo de toda la pandemia, si bien ha aseverado que los portugueses que viajen al Estado español no van a suponer un «riesgo mayor» al de otros ciudadanos de países europeos.

Sí al uso de las mascarillas

En su diario examen, el doctor Simón se ha mostrado partidario de que se mantenga hasta el próximo otoño el uso obligatorio de mascarillas para evitar el contagio por coronavirus, hasta ver «si hay nuevas olas».

«Veremos cómo queda la versión final, que no depende solo de un ministerio, sino de muchos», ha detallado, al explicar que como la norma tendrá validez cuando haya terminado el estado de alarma, se tendrá que consensuar con muchos organismos e instituciones.

En cualquier caso, ha adelantado que el uso obligatorio de la mascarilla se mantendrá con las mismas excepciones que hay ahora, que exime de llevarlas a las personas a las que su uso resulte contraindicado por motivos de salud justificados.

Defensa del conteo oficial

Según el conteo oficial de decesos desde que empezó la crisis del covid-19, la cifra que afecta al Estado español supera los 27.000, aunque el número real de fallecimientos durante esta época es de 43.000 es comparación con el año anterior. Esta es una de las cuestiones que más aprieta el gaznate al Gobierno español, ya que se especula con que se «escondan» fallecimientos por coronavirus, en esa particular guerra goyesca a garrotazos que se plantea desde el escenario político, con la ayuda del judicial y de las policías que en el Estado son.

Cuestionado a este respecto, Fernando Simón ha protagonizado una larga respuesta, en el que ha terminado defendiendo por un lado la sanidad pública hispana, para luego comparar como «parecidos» los sistemas de vigilancia de todos los países.

«Llevamos muchos años trabajando en Europa para tener sistemas de vigilancia más o menos homogéneos», ha comentado durante la rueda de prensa diaria, defiendo así al sistema ante las dudas generadas por el cambio de criterio en el recuento de casos y de fallecidos.

Simón ha asegurado que gracias a la nueva forma de contar los casos y fallecidos por coronavirus, en el Estado español ya se está identificado a «bastante más» del 10% de afectados que se detectaban al comienzo de la pandemia. "«Sabemos que ya detectamos más y por eso el panorama es diferente. Y eso es igual en todos los países», ha zanjado.

Sobre el final de la Fase 3

También se ha comentado sobre la opción de las comunidades autónomas de dar por acabada la Fase 3 antes delos 15 días establecidos y dar así paso a la ansiada «nueva normalidad». En ese sentido, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa ha corroborado que, en efecto, estas pueden dar por terminado el estado de alarma antes del próximo día 21 de junio y así comenzar la nueva normalidad, si así lo deciden en virtud de los datos epidemiológicos.

No obstante, Fernando Simón ha introducido un matiz en su alocución, al añadir que en principio, los presidentes autonómicos «tendrán que solicitar al ministro» el fin del estado de alarma o, «como mínimo, informar» de su decisión.

Datos de la querella

En el frente judicial, la última querella es del organismo policial Jupol, presentada contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, el citado Fernando Simón, y otras siete personas, entre ellos cargos de Sanidad y de la propia Policía española. Indica que en las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, «se permitieron en España la celebración de eventos multitudinarios sin que las autoridades competentes encargadas de velar por la seguridad en las mismas tomaran ningún tipo de medida para evitar el contagio de covid-19, advirtieran de los riesgos a los ciudadanos que asistieron a los mismos o, directamente, acordaran su suspensión o cancelación».

Para elste sindicato, está acreditado que en esos días «todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus».

Apuntan a Simón al entender que el centro que dirige no adoptó ninguna medida de seguridad cuando elaboró un informe técnico sobre el coronavirus, con fecha del pasado 10 de febrero, y «privó a la población de la información que se contenía en dicho informe».

Por otro lado, Simón ha sido objeto de otras querellas en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla interpuesta por familiares de fallecidos por covid-19, pero los titulares de los juzgados número 11 y 34 de Madrid han acordado recientemente archivarlas al considerar que los hechos imputados no son objeto de delito. Es el 51 el que parece tenerle en la diana, apoyado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.