Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno francés una «reforma profunda de las fuerzas del orden, que debe hacerse con total transparencia e incluyendo a todas las partes, incluidas asociaciones, diputados y población»

Según el organismo, la situación actual requiere una reflexión global sobre el uso de ciertas armas y técnicas utilizadas. «La policía tiene el deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, y el principio de necesidad de uso de la fuerza implica que no se ha encontrado ninguna solución antes de recurrir a ella», ha apuntado.

Y ha advertido de que, cuando la fuerza sea el único medio posible, esta debe ser «proporcional a la amenaza que representa la persona detenida».

Así, Amnistía Internacional ha pedido la suspensión de varias prácticas polémicas. Entre ellas, el uso del placaje central, utilizado en la detención del joven de 24 años Adama Traoré, en 2016, que falleció mientras estaba bajo arresto.

También ha pedido la retirada del lanzador de bolas de goma, «a menudo mal utilizadas y que provocan heridas graves e incluso la muerte»; y de las granadas de dispersión, que consideran una «respuesta desproporcionada».

«Más allá del tipo de arma o técnica, la organización demanda que las instrucciones dadas a las fuerzas del orden sean lo suficientemente precisas para garantizar su conformidad con los principios del derecho internacional de legalidad, necesidad y proporcionalidad», ha manifestado la presidenta de Amnistía Internacional, Cécile Coudriou, en un comunicado.

Además, ha reclamado un marco más rígido para realizar controles de identidad y que pueda haber un registro de los mismos ya que son un «factor agravante de discriminación e impunidad».

El organismo se hace eco de las demandas sociales a favor de la creación de un organismo independiente para investigar las denuncias contra agentes del orden, tarea que hoy día lleva la Inspección General de Policía Nacional, integrada por policías.