«La ultraderecha es esto; denunciar en los tribunales a quien defiende la democracia». Hace exactamente un año y una semana desde que Marian Moreno, una de las formadoras de los profesores que participan en el programa Skolae, realizó esta afirmación en una entrevista a GARA con motivo de su citación ante un tribunal de Iruñea por la denuncia de un grupo de padres católicos de un centro privado, la Confederación Católica de Padres (Concapa) y el movimiento que lidera Juan José Cortés, un evangelista famoso a raíz del crimen de su hija, Mari Luz.

Estos tres denunciantes aludían a un presunto atentado contra los derechos fundamentales de los menores, pues la formación en tolerancia e igualdad no era acorde con sus creencias. El debate público sobre Skolae estaba entonces muy intoxicado por varias noticias en las que se acusaba al programa de fomentar la corrupción de menores y promover la homosexualidad.

Los jueces la Sala de lo Contencioso Administrativo han tardado justo un año en dictar su sentencia. Finalmente, han determinado que Skolae no se debió implantar, pero el fallo no entra a valorar si el programa de educación en igualdad impulsado por el anterior Gobierno atenta o no contra los derechos fundamentales del alumnado, que era el fondo del asunto.

Por contra, todo ha quedado en que la tramitación del programa debió haber sido distinta, esto es, una cuestión meramente formal, que de haberla atendido anteriormente, quizás se pudiera haber ahorrado la bochornosa escena de traer a varios de los mejores especialistas en temas de igualdad del Estado y hacerles desfilar por la puerta de la Audiencia de Iruñea. En junio de 2019, acudieron a los técnicos de Asturias, como la propia Moreno, de Palencia, de la Universidad de Granada, etc. Todo ello, para que los jueces ahora decidan que no merecía la pena valorar lo que declararon en sala. Cabe recordar, además, que tras hacerles venir, luego ni siquiera se interrogó a todos.

Vuelta a la casilla de salida

Lo peor de la sentencia no es, por tanto, que sea desfavorable hacia la forma administrativa que se escogió para tramitar Skolae. Lo más grave es que los jueces vuelvan a la casilla de salida y no hayan zanjado que la coeducación y los valores en igualdad para nada constituyen un atentado contra los derechos fundamentales –que es, básicamente, lo que afirma la Organización Mundial de la Salud para prevenir del adoctrinamiento por cualquier tipo de fundamentalismo–. El hecho de que los jueces negaran a la plataforma de Cortés la legitimidad no les exime de haber pasado de puntillas sobre el fondo de lo que se trataba de dilucidar de una vez por todas.

El debate fundamental, por tanto, queda de nuevo en la casilla de salida. Y esto, desgraciadamente, supone que se pueden activar procesos de caza de brujas similares cuando obligue a los centros concertados a tratar asuntos en los que la religión católica lleva un atraso de siglos.

En cuanto a los efectos de la sentencia, probablemente no haya ninguno. El Gobierno de Nafarroa ha dicho que va a seguir para adelante. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Supremo, pero ni siquiera sería necesario hacerlo para continuar con Skolae y ganar tiempo para, en su caso, subsanar el error. Un defecto que, según fuentes del Departamento de Educación, compartiría con el PAI, que también se implantó como acto administrativo.