La negativa de la Mesa del Congreso a que se constituya una comisión de investigación para esclarecer vínculos y responsabilidades de los gobiernos presididos por Felipe González con los GAL es, para Egiari Zor Fundazioa, una muestra más de que «el pacto de silencio ante gravísimas vulneraciones de derechos humanos cometidas al amparo del Estado sigue vigente».

«Es gravísimo que desde los poderes del Estado se haya utilizado el terrorismo para asesinar y vulnerar derechos humanos impunemente y que, además, continúen negándonos el derecho a saber la verdad», han denunciado las hijas de Josu Muguruza y Xabier Galdeano, quienes han exigido que se encare con «honestidad democrática» esta cuestión.

En todo ello, han recordado, juega un papel crucial la Ley de Secretos Oficiales franquista que permite «que la verdad continúe bajo el yugo del silencio». Por ello, han exigido que se derogue y se desclasifiquen los documentos que pongan luz sobre la decisión política de que los GAL actuasen, el pacto de Estado que ha dado cobertura hasta hoy a ese entramado, las conexiones con miembros del Ejecutivo y cuerpos policiales franceses, las responsabilidades «directas e indirectas» aún no esclarecidas, el escaso recorrido judicial que tuvieron los casos o las concesiones a altos cargos del Gobierno español condenados por su implicación en esta trama criminal.

La fundación ha incidido en que, a día de hoy, ningún partido político ni gobierno ha asumido responsabilidades, subrayando que la autoria no solo debe circunscribirse a los ejecutores materiales.

Por ello, apuestan por la creación de una comisión de investigación institucional con garantías, «que ayude a esclarecer de una vez por todas la jerarquía política, militar y policial de los GAL y grupos predecesores, y que investigue, así mismo, la figura de Felipe González», a quien la CIA sitúa en la cúspide del entramado.

«A día de hoy la verdad en torno a los GAL tiene en lo más alto de su jerarquía política una X. Si esa X es Felipe González, esto debe ser de dominio público, para que se depuren las responsabilidades políticas: las suyas, las de su partido y las de quienes pactaron su silencio», han añadido.

«Deuda histórica»

Egiari Zor ha expuesto que la asunción de «responsabilidades» por parte del Estado es «fundamental e imprescindible» para «garantizar el pleno ejercicio de la memoria democrática sobre la que debemos construir la convivencia futura». «Es una deuda histórica no solo con las víctimas, sino también con la propia democracia», han destacado Muguruza y Galdeano.

«Tenemos derecho a saber la verdad. La hipocresía política en este tema resquebraja y reduce a la nada todos los discursos de aquellos que apelan a la democracia, al suelo ético, a la revisión crítica del pasado o a los derechos de las víctimas», han apuntado.

A su juicio, la falta de voluntad política para abordar esta cuestión es la constatación de «una cultura democrática paupérrima. La confirmación de que el pasado seguirá condicionando el presente y el futuro de la credibilidad democrática en el Estado español».