La comparecencia ante la Justicia del dictador sudanés Omar al-Bashir para ser procesado por primera vez por el golpe de Estado con el que se hizo con el poder en 1989 ha sido pospuesta al próximo 11 de agosto por la ausencia de algunos abogados de la defensa de los acusados, que no han podido acceder a la sala debido a la gran afluencia de personas, que además suponía un riesgo de contagio de coronavirus.

«Como resultado de la falta de algunos abogados de la defensa de los acusados que no lograron acceder a la sala del tribunal, la sesión se aplaza al 11 de agosto y, desde su reanudación, una sesión tendrá lugar todos los martes», ha dicho el juez Esam al-Din Mohamed Ibrahim una hora después de que Al-Bashir llegara a las dependencias judiciales, en Jartum.

Una gran cantidad de personas se han presentado ante el tribunal, en el Instituto de Formación Legal y Judicial de la capital sudanesa de Jartum, al que el expresidente de 76 años, derrocado en abril de 2019, ha llegado con semblante sonriente, aspecto saludable y vestido con un una galabiya, la túnica tradicional de Sudán.

Cuando se ha llenado de asistentes la sala en la que se iba a celebrar el juicio, sin que se cumplieran las medidas de distanciamiento requeridas por la pandemia, un juez ha anunciado que el juicio se aplaza hasta el próximo 11 de agosto.

Al-Bashir ha salido del tribunal y ha sido llevado de vuelta a la cárcel de Kober, donde permanece desde que fuera detenido tras ser desalojado del poder por una Junta Militar después de varios meses de protestas contra el régimen.

El proceso judicial contra una treintena de acusados por llevar a cabo un golpe de estado el 30 de junio de 1989 debía comenzar hoy en Jartum.

«Caso político»

El abogado Mohamed Hasan al Amin, miembro del equipo de defensa de los acusados, señaló en su momento a Efe que presentaron una petición al tribunal para hablar con los acusados antes de la primera sesión, puesto que consideran que es «un caso político que no se va a sostener ante la Justicia».

La Fiscalía General acusa a Al-Bashir y a otros 34 líderes políticos y militares de «socavar el sistema constitucional y detentar el poder», según la ley de sanciones y de las Fuerzas Armadas. Son acusaciones cuyas penas oscilan entre la condena a muerte y la cadena perpetua.

Entre los acusados destacan el ex vicepresidente Bakri Hasan Saleh, el exministro de Defensa Abdelrahim Husein, así como dirigentes del anteriormente gobernante Partido del Congreso Nacional (PCN).

En mayo de 2019, la Fiscalía General de Sudán anunció que había aceptado la denuncia de un grupo de abogados para abrir un caso contra Al-Bashir y sus asesores por «socavar el sistema constitucional» con el golpe de Estado de 1989 contra el Ejecutivo elegido en las urnas del islamista Sadeq al-Mahdi.

La Fiscalía sudanesa anunció en diciembre la apertura de una investigación sobre supuestos crímenes de Al-Bashir en Darfur, sin que hasta el momento se haya informado de progresos.

Al-Bashir fue condenado en diciembre a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales por un dinero que recibió del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, según dijo entonces el expresidente.

Pero nunca ha sido procesado por los supuestos crímenes contra la Humanidad que se le atribuyen por su tres décadas de régimen con puño de hierro en Sudán, que actualmente está controlado por un Gobierno de transición compuesto por militares y civiles.