«Si no estuviera convencido de que es posible, no diría que es necesario cambiar cosas», ha comentado David Sassoli en una rueda de prensa un día después del acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, que será financiado con la emisión de deuda común, y un presupuesto plurianual de 1,074 billones de euros.

El Parlamento Europeo ha convocado un pleno extraordinario para mañana jueves a fin de debatir con los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del Consejo, Charles Michel, los resultados de la cumbre.

Está previsto que la Eurocámara vote una resolución sobre su posición al respecto. De ser así, estará lista para abrir las negociaciones como colegislador en materia presupuestaria.

La gobernanza del fondo de recuperación

Sassoli ha dejado claro, en primer lugar, que el Parlamento está «satisfecho con la visión conjunta» adoptada por los líderes en la cumbre, ya que hace unos meses «hablar de deuda compartida era tabú».

Pero ve necesario abordar tres aspectos concretos: la gobernanza del fondo de recuperación, los recursos propios con los que la UE avalará la emisión de deuda común en los mercados para financiar el fondo y, especialmente, el presupuesto.

El político italiano cree necesario que la Eurocámara «esté implicada en la gobernanza del fondo de recuperación», aunque reconoce que no le corresponde examinar al detalle los planes estatales.

Decisiones por «comitología»

Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, ha explicado hoy que el fondo debe ser adoptado por mayoría cualificada en el Consejo y que posteriormente su presidente, Charles Michel, debe «informar» de ello al Parlamento.

Los líderes acordaron finalmente que la decisión sobre los planes de un país se tome por ‘comitología’, es decir, entre expertos de los Estados miembros sobre la base de un informe de la Comisión Europea.

Un socio reticente puede pedir abordar el tema en la próxima cumbre europea que esté ya convocada, pero los líderes no tendrían poder de decisión, sino que en un plazo máximo de tres meses (no prolongables salvo en circunstancias excepcionales) el asunto se tendría que resolver en ‘comitología’, según precisaron fuentes comunitarias.

Recursos propios e impuestos

En cuanto a los recursos propios, Sassoli ha pedido que se fijen «unos plazos precisos» para introducir de forma vinculante al menos dos de ellos ya en 2021, a fin de que la carga no recaiga en los contribuyentes.

En concreto, ha hecho referencia no solo al impuesto que se planea para el plástico, sino también a la posible ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, siglas en inglés) al sector marítimo y al de la aviación.

Ante las reticencias de Alemania a utilizar el ETS, fuentes comunitarias han destacado que en verano del año próximo se hará una revisión de la directiva, con lo que habrá «oportunidad de convencer» a todos los Estados miembros, ya que es precisa la unanimidad.

Ujvari ha recordado que la decisión sobre recursos propios requiere la unanimidad del Consejo, la «opinión» del Parlamento y la ratificación por los Estados miembros según sus requisitos constitucionales.

Corregir algunos «recortes»

Es en el presupuesto plurianual donde la Eurocámara tiene más ambición de hacer modificaciones, dado su papel de colegislador en esta materia y que lo debe aprobar por mayoría absoluta.

«Hay una propuesta sobre la mesa y queremos mejorarla, y dar respuestas a algunos recortes que se han hecho y que encuentran que no tienen justificación», según ha señalado Sassoli, que ha citado como ejemplo los fondos dedicados a la investigación, el programa Erasmus o la política de migración y asilo.

«Algunos de los recortes propuestos tienen que ser corregidos. En el presupuesto somos autoridad, tendremos la última palabra», ha asegurado.

El Parlamento ha advertido de que, si no se atiende suficientemente a sus condiciones, adoptará los diferentes programas de acuerdo con el actual presupuesto, «como se prevé en los tratados».

También ha criticado que, en lugar de eliminarlos, se hayan ampliado los llamados “descuentos” o “cheques”, dinero que reciben de vuelta del presupuesto países que son contribuyentes netos, así como que se haya «aguado» el sistema que pedía el Parlamento para vincular el acceso a los fondos al respeto al Estado de derecho, ante el rechazo de Polonia y Hungría, principalmente.

En definitiva, la Eurocámara cree que el presupuesto 2021-2027 es «inadecuado» a largo plazo, mientras que otras fuentes comunitarias consideran satisfactorio que sume en general 10.000 millones de euros menos que las actuales cuentas plurianuales, recordando que se reparten entre 27 y no ya 28 por la marcha de Gran Bretaña, que antes aportaba unos 60.000 millones.