Torrent y Maragall han remitido sendas cartas a estas instancias internacionales en las que ponen de manifiesto que «el espionaje a ciudadanos y representantes políticos constituye una agresión inaceptable a los derechos fundamentales. El hecho de que las instituciones del Estado puedan pasar por alto estos hechos sin tomar medidas oportunas, nos obliga a tomar todas las actuaciones de las que dispongamos para impedir que este tipo de prácticas resulten impunes».

Torrent advierte a la comisaria Dunja Mijatovic de que «habría podido ser espiada», ya que ambos mantuvieron una reunión en Estrasburgo el 14 de mayo de 2019. «Dado que es posible que haya sido una de las personas espiadas a través de mi dispositivo, le pido amablemente que evalúe la información más reciente y que realice todas las medidas que considere apropiadas para aclarar este asunto».

El presidente del Parlament traslada a la ONU, el Consejo de Europa y AI que ha pedido explicaciones al Gobierno español y que nueve grupos políticos representados en el Congreso de Madrid también han exigido que el Ejecutivo rinda cuentas y que se realice una investigación sobre el caso.

Maragall ha invitado a los tres representantes internacionales a reunirse con él telemáticamente «para explicar los detalles de este caso», y ha recordado que tanto el relator de la ONU como Amnistía Internacional han denunciado «reiteradas veces el uso abusivo e ilegal de Pegasus en diversos países como México, Marruecos o Arabia Saudí contra periodistas, activistas y políticos».