Las familias donostiarras cuyas viviendas fueron adquiridas por la compañía de inversiones Azora se han constituido como asociación de vecinos (AAVV), a fin de defender mejor sus intereses ante los intentos de este «fondo buitre» de especular con sus pisos, ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Según han informado en una nota este colectivo, que han bautizado como Inquilin@s de Azora, justo antes de finalizar el estado de alarma cuatro inquilinos recibieron un burofax en el que se les notificaba el final del contrato de arrendamiento. La empresa les ofreció un «tácita reconducción, consistente en la prórroga de sus contratos mes a mes, en vez de uno nuevo de 7 años, por lo que dos de ellos, ante tal inseguridad, han decidido dejar sus viviendas».

Inquilin@s de Azora denuncia que actuaciones de este tipo «pisotean el derecho fundamental a una vivienda digna», y reclama que los contratos se renueven por un plazo de siete años –en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos– y «con rentas basadas en el IPC que garanticen nuestro futuro».

Estos vecinos denuncian también «la falta de mantenimiento de las fincas, el abandono de las zonas ajardinadas, con la consecuente proliferación de plagas, y la poca claridad en los gastos de comunidad, sin recibos». Y reclaman que se condone el 50% de la renta a las familias afectadas por la crisis generada por el covid-19 y que no pueden pagar los alquileres. 

Inquilin@s de Azora apunta que ha pedido una reunión con el responsable en la oficina de Donostia para comunicarle sus reivindicaciones, y advierte de que se movilizará «las veces que haga falta» para defender sus derechos.