Tras más de un mes de conversaciones en absoluto secreto, facilitado por una atención pública centrada en la pandemia y alterada por los lapsus de desconexión vacacional, PNV y PSE han cerrado un acuerdo sorprendentemente indefinido y sobre todo continuista. La demora en los tiempos no se correspondió con el contenido: llegada la víspera del último día posible para proponer candidato a la investidura, cinco folios llenos de generalidades resumen el principio de acuerdo. Si en él hay medidas concretas, toca esperar para conocerlas, quizás hasta la firma oficial que puede realizarse el martes día 1.

En esos cinco folios será muy difícil que las bases del PSE llamadas a ratificar el acuerdo entre domingo y lunes hallen motivos para discrepar. Y menos aún con el reparto de cargos, porque se deja para después. Dentro del ocultismo general, a día de hoy ni siquiera se sabe si el PSOE va a pelear la opción de que Idoia Mendia sea vicelehendakari, como planteó Odón Elorza. El diputado también tendrá que votar a ciegas, parece.

Salvando la introducción marcada obviamente por la pandemia, los ejes del texto bien podrían haber sido escritos hace cuatro años, en el acuerdo de 2016. Y los compromisos que se expresan frente al covid-19 no tienen plasmación alguna en medidas concretas, por ejemplo cuando se habla de potenciar la sanidad o los servicios sociales.

Así, como objetivo clave se cita «la implementación y refuerzo del sistema público de salud, así como la reconstrucción social y económica de Euskadi, que permita preparar a la sociedad vasca para todos los desafíos emergentes que la pandemia no ha hecho más que acelerar (envejecimiento de la población, transición ecológica, digitalización…)», pero al mismo tiempo se dice que el Gobierno anterior ya trabajó en ello.

Otro ejemplo: se señala que es necesario «no dejar a nadie atrás» en el escenario crítico socioeconómico, pero para ello se plantea una indefinida reforma de la RGI y que, se reitera de nuevo, era un objetivo anterior.

Más de lo mismo con fiscalidad. Se apuesta por «revisarla» y en criterios de mayor progresividad, lo que puede sonar novedoso, pero todo se diluye al matizarse que «la experiencia de la última legislatura ha demostrado la capacidad de ambas formaciones políticas para avanzar en una fiscalidad más progresiva y equitativa».

Por lo que respecta al autogobierno, hace cuatro años las formaciones que lideran Andoni Ortuzar e Idoia Mendia pactaron expresamente sus discrepancias. Ahora se opta por una formulación que traslada más acuerdo, pero a la baja, circunscrito a los márgenes del actual Estatuto de Gernika y su eventual reforma. Todo ello en un contexto en que siguen pendientes de conclusión los trabajos parlamentarios para un Nuevo Estatus que, según las bases pactadas inicialmente por PNV y EH Bildu, iba a incluir el derecho a decidir.

Lejos de ello, el acuerdo se limita a «defender el autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y lograr un nuevo pacto estatutario para una nueva generación». Cabe recordar aquí que el cumplimiento íntegro de la norma de 1979 ya fue comprometido por el presidente español, Pedro Sánchez, al PNV en el marco de la investidura del pasado enero y con un plazo de un año para su materialización. En consecuencia, este punto se puede entender como una reiteración... o como extender a cuatro años el compromiso tomado para uno.

Nuevo Gobierno en diez días

Las dos ejecutivas ratificaron ayer el acuerdo. El siguiente paso se dará el lunes, cuando el PNV lo refrende en Asamblea Nacional y el PSE dé a conocer los resultados de la consulta telemática y presencial a celebrar desde el domingo.

A partir de ahí, investidura en el Parlamento, el jueves 3; toma de posesión, el sábado 5, y nuevo Gobierno, quizás el lunes 7.