En un acto solemne en la capital mexicana el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha expresado que asume en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad «por la violación de los derechos humanos fundamentales» y ha ofrecido una «disculpa pública» a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre de 1997.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, ha aceptado la disculpa porque «no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoce y asume la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre».

La masacre contra indígenas

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en el suroriental estado de Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas. En la matanza fallecieron 45 tzotziles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo «para debilitar» al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El acuerdo, 23 años después

El actual Gobierno mexicano ha firmado este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

Este acuerdo engloba a 18 fallecidos y 12 supervivientes, puesto que el resto prefirió esperar a que la CIDH emita el informe definitivo sobre la masacre.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, ha expresado que este compromiso «no habría sido posible de lograr en administraciones pasadas» y ha añadido: «Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz».

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

«Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia en el más alto nivel del Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos», ha concluido.