El PSOE y Unidas Podemos han registrado formalmente este jueves en el Congreso español la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso ‘Kitchen’ que investiga el supuesto uso de fondos y medios del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para favorecer intereses del PP.

Fuentes de Unidas Podemos han indicado que van a proponer al PSOE que en esa comisión comparezca el actual presidente del PP, Pablo Casado, quien ya se ha desmarcado de aquel caso.

Sin embargo, según las fuentes de Podemos, Casado fue elegido presidente del PP con los votos de la antigua número dos del PP María Dolores de Cospedal, una de las supuestamente implicadas en la trama, y pactó la vigente ejecutiva del partido con ella.

En la solicitud se resalta que en esa operación el Gobierno del PP intentó anular «pruebas inculpatorias» para este partido en casos de corrupción, algo que es «claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de derecho y de la democracia».

Los proponentes destacan que en el informe de la Fiscalía hay contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama «parapolicial» dirigida por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el antiguo máximo responsable de la Policía española Eugenio Pino.

Rajoy estaba al tanto

Consideran que de esta operación irregular, pagada presuntamente con fondos reservados, podría tener conocimiento el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

«La gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción revela que el Partido Popular habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio», añaden.

Se trata, a su juicio, de una «inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y de un claro «abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de Derecho y de la democracia».

PSOE y Podemos proponen que los trabajos de la Comisión, que podría aprobarse ya la próxima semana, duren tres meses prorrogables y eleven sus conclusiones al pleno y a la Fiscalía.

Tras el registro de la iniciativa, el siguiente paso es que sea calificada por la Mesa del Congreso lo que, previsiblemente sucederá el próximo martes. Después, la Junta de Portavoces tendrá que poner fecha para su debate en el Pleno.