Los sindicatos convocantes de la huelga en el sector de la Educación de la CAV –ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT–, han denunciado que los servicios mínimos establecidos por el Gobierno de Gasteiz «intentan invisibilizar las movilizaciones y la huelga».

«El Gobierno Vasco ha enviado la orden a los centros educativos la víspera de la jornada de huelga. Ha modificado los criterios hasta ahora utilizados, y  bajo la excusa de garantizar la salud, ha establecido unos servicios mínimos más altos que nunca y que vulneran el derecho a la huelga», han apuntado.

El Departamento de Trabajo y Empleo ha dictado que deberán acudir a sus puestos de trabajo un cien por cien del personal de limpieza, el coordinador covid de cada centro y un profesor por etapa, a los que se irán añadiendo otros dos cada 100 alumnos matriculados en Infantil y Primaria, y el 75% del personal en Educación Especial.

«El Gobierno Vasco, en lo que a la orden de servicios mínimos se refiere, ha mostrado la misma improvisación y falta de respeto hacía la comunidad educativa que está demostrando en este inicio de curso», han apuntado los sindicatos, que han advertido de que se «ha establecido unos servicios mínimos más altos que nunca bajo el pretexto de garantizar la salud».

En este sentido, han lamentado que, «mientras en el día a día no pone medidas y recursos para garantizar la salud de trabajadores y alumnado, en algunos colectivos ha establecido servicios mínimos del cien por cien –como en la limpieza–, y en otros, ha señalado unos servicios mínimos que imposibilitan el cumplimiento de las medidas establecidas en los protocolos».

«Esto generará una nueva situación de caos inaceptable en los centros, que ya tenían organizada la jornada de huelga, dejando de nuevo toda la responsabilidad a la dirección de los centros y a los trabajadores y trabajadoras», han manifestado los sindicatos, que están analizando la posibilidad de levar la orden de servicios mínimos a los juzgados.

Apoyo de la Carta Social

Los sindicatos cuentan con el apoyo de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que ha remarcado que la educación es «un instrumento fundamental para la cohesión social». «La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria apoya la reivindicación de que se deben planificar y disponer recursos para garantizar una vuelta a las aulas presencial y segura, con la inversión que esto conlleva», ha añadido.