Maya ha ofrecido este planteamiento durante una sesión de trabajo en la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en la que ha presentado las alternativas propuestas por su equipo de gobierno.

El alcalde ha planteado la posibilidad de que Iruñea aporte suelo edificable al Gobierno para construir las viviendas proyectadas en este terreno a cambio de que se libere este espacio para convertirlo en un parque.

En concreto, se ha referido a la posibilidad de utilizar para esto parcelas ubicadas en el sur de la Txantrea, Sanduzelai, Lezkairu, el límite de Etxabakoitz con Barañain y numerosos espacios en Arrosadaa, sumando entre todas ellas espacio para la construcción de aproximadamente 1.850 viviendas.

El alcalde ha asegurado que «hay dificultades objetivas reales para edificar» en esta parcela motivadas sobre todo por la topografía, ya que se trata de una ladera, y por ello «el expediente no termina de resolverse». Ha defendido que se trata de «un espacio que tiene una evidente voluntad de parque».

En el urbanismo actual, ha explicado, existen un tipo de actuaciones denominadas de dotación por las que, cuando se edifican más viviendas de las que había planteadas, el Ayuntamiento cobra un dinero para la reserva de zonas verdes que esas nuevas viviendas necesitan pero que no se pueden ejecutar al no haber espacio.

El alcalde ha considerado que «sería un buen destino de esos ingresos municipales derivados de ese tipo de actuaciones el adquirir vía entrega de suelo ese parque» ya que «sería una magnífica dotación no solo para el barrio, sino para el conjunto de la ciudad».

El plan inicial para esta zona era la construcción de 200 viviendas en esta ladera, aunque tras llegar a un acuerdo el Gobierno navarro con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento finalmente el Ejecutivo prevé construir unas 100 viviendas en la Ripa y otras 100, en parcelas municipales.

En referencia a este acuerdo, Maya ha criticado el cuestionamiento de que, por no tener mayoría en el Ayuntamiento, los distintos órganos municipales tengan que perder sus competencias, considerando que esto «es un error grave sobre lo que es la concepción democrática».

El alcalde ha cuestionado que se le achaque que ahora quiere defender la Ripa «por un interés partidista», algo que ha negado haciendo referencia a que ya en 2004 firmó una alegación a este PSIS diciendo que la ordenación inicialmente prevista se modificase para que no se edificase nada y pidiendo que el Banco Foral de Suelo se introdujese dentro de la estructura urbana de Ripagaina.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, ha reiterado que «hay alternativas» que «deben venir de la voluntad de acuerdo», ya que «la alcaldía tiene plenas competencias para poder llevar a cabo estos acuerdos, a diferencia de los grupos de la oposición» y ha subrayado que el Gobierno debe «cumplir con sus funciones y no utilizar sus atribuciones para hacer oposición a un ayuntamiento».

Arantza Biurrun, PSN, ha manifestado no comprender por qué este planteamiento atenta contra el paisaje tras las «inconsistentes explicaciones medioambientales» ofrecidas y ha defendido que la propuesta del Gobierno de Nafarroa, apoyada por «la mayoría del Ayuntamiento» logra salvar la ladera habilitando una zona verde y completa la zona de edificación.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha asegurado que en las modificaciones de este PSIS siempre «gana lo privado» tras la reserva para vivienda pública de las parcelas «menos codiciadas» y dejar al barrio con escasez de servicios y ha manifestado que «subsanar los errores no significa aceptar soluciones que vuelvan a primar los intereses privados aunque vengan maquillados de ecologismo».

Maiorga Ramírez, de EH Bildu, ha defendido el acuerdo con la oposición argumentando que «la posición del Ayuntamiento tiene que estar sustentada por una mayoría» y ha subrayado que la actual propuesta «minimiza el impacto e implica la pronta disposición de vivienda», lo que se suma a que «el Gobierno ya tiene la financiación».

Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que la propuesta del Gobierno es «equilibrada» planteando que «no hemos visto ningún informe medioambiental», y le ha pedido al alcalde que mantenga el ofrecimiento del resto de parcelas para poder potenciar la vivienda pública y asequible.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, ha apostado por distribuir las viviendas sociales defendiendo que estas, además de la función de dar cobijo, tienen también la de integración y «si concentras a las personas con problemas en un espacio determinado» este «no socializa y excluye», motivo por el cual ha criticado la construcción también de cinco edificios completos de alquiler social en Egues.