La Fiscalía ha cargado este viernes contra la exprisionera Carmen Gisasola Solozabal, que se acogió a la denominada «vía Nanclares», acusándole de usar durante el juicio su «arrepentimiento» para exculparse del atentado mortal contra un policía en Bizkaia en 1990. Por ello, ha elevado a definitiva su petición de pena inicial a 30 años de prisión por su presunta participación en los hechos argumentando que con este «silencio» no ha colaborado con la Justicia.

Así lo ha dicho el fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga durante su exposición del informe de conclusiones en la última sesión del juicio contra Guisasola, Oscar Abad Palacios y José Ramón Martínez por este atentado que se juzga 30 años después. El fiscal ha confirmado su petición de pena de 30 años de cárcel para cada uno de los tres acusados al entender que hay pruebas suficientes de participación.

Ha afirmado que, a través de las pruebas testificales, periciales y documentales, ha quedado demostrado que Gisasola era una de quienes daban las instrucciones a Abad y Martínez y que éstos era quién ejecutaron el atentado.

Tras un extenso informe, el fiscal Azcárraga ha dedicado la parte final para recriminar la «actitud» de Guisasola durante el juicio, que, según ha dicho, se ha centrado en señalar «que no tiene nada que ver con los hechos, que no sabe lo que han declarado otros pero que es falso» y tan sólo responder a «tres preguntas preparadas de su abogado para no mentir mucho» sin someterse previamente al interrogatorio del fiscal. «¡No puede dar explicación! Valoren el silencio, señorías, por favor», ha pedido al tribunal.

El representante del Ministerio Público ha añadido que el «verdadero arrepentimiento» es el que se muestra en sede judicial , «y no en un plató de televisión», y aquel que se hace de «forma voluntaria», mostrando una «colaboración con las autoridades para el esclarecimeinto de los hechos sin contraprestaciones, sin tapujos ni dobleces ni medias tintas».

«Las tres grandes mentiras»

Desbocado, el fiscal Azcárraga ha añadido que el juicio ha sido un «ejemplo paradigmático de que ETA tiene manuales de todo, hasta de arrepentidos». Una guía, que según ha indicado, se basa en las «tres grandes mentiras»: «Si lo volviera a hacer, no lo haría; si pudiera reparar el daño, lo haría; y si pudiera indemnizar, lo haría».

Para el fiscal estas tres condiciones nunca se cumplen porque no se puede saber si se volvería cometer el daño, ni se puede «restaurar la vida a nadie», ni tampoco se va a indemnizar a las víctimas porque los responsables se declaran insolventes.

La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del agente de la Policía española.