En marzo de 2017 el Congreso daba el primer paso para modificar la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, la «Ley Mordaza». Truncada su reforma por los procesos electorales, la norma más empleada durante el estado de alarma vuelve tres años y medio después a la Cámara Baja para emprender de nuevo su reforma.

Será este martes cuando el Pleno del Congreso debata la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para derogar sus artículos más polémicos, mientras que el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre ella.

El texto que llega al Congreso no es ninguna novedad, pues la propuesta del grupo parlamentario jeltzale es la que misma que la de 2017, que ya fue avalada en la Cámara, y sobre la que los grupos se pusieron a trabajar hace tres años para activar la reforma.

Oídos catorce comparecientes durante más de cuatro meses, la comisión que estudiaba la reforma dio carpetazo a sus trabajos por la convocatoria de elecciones generales del 28 abril de 2019.

Disueltas las Cortes, portavoces de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos coincidían entonces en que solo restaban dos o tres reuniones para presentar un dictamen.

Ahora, si el Congreso avala el inicio de la reforma, esos trabajos podrán ser una base de trabajo para sacar adelante una nueva ley, que es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

Grande-Marlaska: «Ley moderna»

Según ha recalcado en varias ocasiones el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la nueva ley tendrá que ser «moderna, alineada inequívocamente con los valores constitucionales y que dote a las fuerzas de seguridad de un mejor marco de certidumbre para actuar».

De momento, la actual norma ha servido a los agentes para sustentar las más de 9.000 detenciones y levantar actas de sanción por infringir las restricciones durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Polémica ley

Algunas organizaciones han criticado el abuso de la norma por parte de los agentes. Sin embargo, Interior asegura que «las fuerzas de seguridad han velado por el cumplimiento de las medidas adoptadas para contener la covid-19 y que las propuestas de sanción se han levantado con respeto a los derechos de los ciudadanos y con criterios de proporcionalidad».

Aprobada en marzo de 2015 tras una polémica redacción de su anteproyecto, modificado por el entonces Gobierno del PP para suavizarlo, la ley entró en vigor el 1 de julio de ese año e incluyó una disposición adicional que modificaba a su vez la Ley de Extranjería y avalaba las devoluciones en caliente o entregas en frontera.

Es uno de los puntos sensibles de la ley por la que la mayoría de los grupos que conformaban la oposición entonces acudieron al Constitucional. Fueron tantas las discrepancias sobre este punto entre los doce magistrados que se creó una comisión de cuatro magistrados.

Antes de que se decretase el estado de alarma, comenzó el debate jurídico sobre el que hubo un pronunciamiento: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló las devoluciones en caliente en el caso de dos inmigrantes subsaharianos y que enmendaba la posición anterior de Estrasburgo.

A raíz del fallo, el magistrado ponente adaptó su borrador de sentencia a esta doctrina, de forma que se respaldaban las devoluciones en caliente pero siempre y cuando se dieran dos condiciones: que la entrada fuera masiva y con violencia.

Pero al llevarlo a pleno y comprobar que las posiciones entre los sectores progresista y conservador del tribunal estaban «muy enfrentadas», se decidió aplazar sin «unanimidad», según indicaron entonces fuentes jurídicas.

Con la decisión del Constitucional todavía pendiente, la reforma de la Ley Mordaza inicia de nuevo su andadura con una propuesta que pide reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en esos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

El texto también propugna la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.