Veinticinco eurodiputados han pedido a los representantes de la Unión Europea su implicación en «la defensa de la democracia y la protección de los derechos del pueblo de Catalunya», tras la inhabilitación del president Quim Torra por colgar una pancarta durante la campaña electoral de 2019.

❕ @Esquerra_ERC MEPs, together with 22 other MEPs, denounce the disqualification of the President of #Catalonia @QuimTorraiPla

The rule of law is very fragile in #Spain and @EU_Commission, @EUCouncil and the @Europarl_EN must act immediately. pic.twitter.com/xqRMZ4uk5Z

— Esquerra International (@Esquerra_INT) September 30, 2020

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Charles Michel, y el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, los firmantes expresan su solidaridad con el president inhabilitado y piden que «las instituciones de la UE afronten que existe un problema con el Estado de Derecho en el Estado español».

El texto, fechado el 28 de setiembre, recuerda que «los tres últimos presidentes de Catalunya, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, han sufrido persecuciones judiciales por su actividad política en los últimos cinco años» y añaden que «en la actual situación, ningún político partidario de la independencia de Catalunya puede tener un juicio justo en el Estado español». Además, denuncian que «actualmente hay cientos de casos contra ciudadanos independentistas en Catalunya».

Los firmantes

Entre los 25 firmantes se encuentran el president Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsantí (JxCat), además de los miembros de ERC Diana Riba y Jordi Soler. Los eurodiputados vascos Pernando Barrena (EH Bildu) e Izaskun Bilbao (PNV) también han apoyado la iniciativa junto a compañeros de otros países.

Toque de atención al Estado español

La carta se ha hecho pública el mismo día que Bruselas ha dado un toque de atención al Estado español en el primer informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 estados miembros. Según la Comisión Europea, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los «desafíos» más importantes del Estado Español en materia jucial.

La relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado figura también entre las cuestiones a mejorar en el Estado, donde –añade el informe– «es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia».