PNV y PSE, los partidos que formar el Gabinete de Iñigo Urkullu, han rechazado modificar «de forma inmediata» el Decreto 126/2019 sobre los centros residenciales para personas mayores, «con el fin de aumentar de forma significativa la atención directa que reciben las personas residentes».

Así lo recogía la proposición no de ley presentada por EH Bildu, que también instaba al Ejecutivo a establecer, en colaboración con las diputaciones forales, mecanismos de vigilancia de la salud mental y emocional de los residentes, trabajadores y familiares; así como un plan de «inversiones urgentes» para el acondicionamiento físico de los centros residenciales, incrementando el número de habitaciones individuales, «con el fin de garantizar la distribución modular y la cobertura de la red mediante la apertura de nuevas plazas».

Además, el grupo soberanista abogaba por regular «las medidas que supongan aislamiento físico atendiendo a la situación concreta del centro residencial y del residente»; y solicita la puesta en marcha de «un plan especial de inspección de los centros residenciales para personas mayores, de la mano de la alta inspección en materia de servicios sociales, para conocer lo ocurrido en estos centros durante la crisis del Covid-19 y proponer medidas correctoras».

También instaba al Gobierno autonómico a «dar los pasos necesarios para recuperar la competencia de las administraciones vascas para intervenir en los centros residenciales de titularidad privada en situación de alarma»; y ha poner en marcha, en colaboración con las diputaciones, un protocolo específico para los centros residenciales en el que se concrete el procedimiento de solicitud de pruebas PCR, la actuación concreta ante casos de covid-19 y la definición de contactos estrechos,

Esta batería de medidas se ha topado de bruces con la mayoría absoluta de PNV y PSE, que han aprobado una enmienda de sustitución en la que se solicita a Lakua que «continúe implementando en colaboración con las diputaciones forales el Plan de Contingencia socio-sanitario general elaborado a fin de coordinar y planificar los recursos para una gestión adecuada en los centros socio-sanitarios»; y que «impulse un modelo integral de atención socio-sanitaria y coordinado con la red primaria de asistencia sanitaria y social para personas mayores».

«Siguen negándose a adoptar medidas»

El parlamentario de EH Bildu Ander Rodríguez ha criticado la aprobación de la enmienda, y ha advertido de que «las medidas aplicadas en esos centros –en alusión a las residencias– debido a la pandemia están teniendo efectos demoledores para las personas usuarias y, sin embargo, PNV y PSE siguen negándose a adoptar medidas correctoras».

A este respecto, ha recordado que «a diferencia de otras comunidades, en la CAV no se ha intervenido en ningún centro residencial, y han pasado cosas graves. Por ejemplo, en un centro de Bizkaia en unas semanas la mayoría de las y los residentes se había contagiado y casi la mitad murieron». «Llevo 15 años luchando y trabajando en el ámbito de los Servicios Sociales y ante esta situación solo siento frustración y desesperanza», ha manifestado.

Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que el 36% de los fallecidos por covid-19 en esta segunda ola se han registrado en las residencias de mayores, un dato, que, paradojicamente a su juicio, es «reflejo de que algo se ha hecho bien».

Por su parte, Gloria Sánchez, del PSE, ha señalado que en 2019, cuando se aprobó el decreto actual. «nadie podía imaginar que se podía sufrir los efectos de una pandemia»; y apuntado que el Acuerdo de Gobierno suscrito con el PNV ya contempla cambio en cuestiones vinculadas a los Servicios Sociales.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González, por su parte, ha calificado de «doloroso y sangrante» lo ocurrido en las residencias durante la pandemia; y la representante de la coalición formada por PP y Ciudadnos, Laura Garrido, ha censurado que la enmienda de PNV y PSE «se queda corta».