El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, ha trasladado al Sindicato de Inquilinos que trabaja dentro del Ejecutivo para que se «cumpla ya» el proyecto de regulación de los precios de alquileres. Se trata de una medida que se acordó en el programa de gobierno de coalición, firmado entre PSOE y Unidas Podemos. 

Esta mañana me he reunido con representantes de sindicatos de inquilinos de todo el país. Les he trasladado que trabajamos en el seno del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres suscrito en el programa de la coalición. Hilo  pic.twitter.com/A3WKXYN9Nx

— Pablo Iglesias  (@PabloIglesias) October 16, 2020

Dicho programa establece que «se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado». Y detalla que «se habilitará a las comunidades autónomas o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica».

El pasado mes de junio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE, puso en marcha el citado sistema de índices. Fuentes del Ministerio reconocieron que se trata de un «primer paso» para avanzar en el compromiso de limitar el precio del alquiler, pero advirtieron de que antes de tomar nuevas medidas evaluarán el impacto de la crisis provocada por el covid-19 en los precios.

Las diferencias entre los dos socios de gobierno son palpables en la CAV, donde el PSE se ha posicionado en contra de limitar el precio del alquiler. Basta con recordar la posición adoptada por la formación de Idoia Mendia en las Juntas Generales de Gipuzkoa el pasado mes de febrero, cuando PNV y PSE votaron en contra de una iniciativa presentada por EH Bildu.

La juntera Susana García afirmó que «limitar los precios máximos no es la solución más eficaz en nuestro caso no solo porque excede de nuestro ámbito competencial, sino porque podría restringir la de por sí demasiado reducida oferta de viviendas en alquiler residencial derivándola a otros segmentos en auge que aumentarían más la tensión en precios».