En octubre de 2015 agentes de la Guardia Civil detuvieron a nueve militantes de Causa Galiza, una organización política soberanista, por su presunta vinculación con Resistencia Galega, una supuesta organización armada. Este fue el primer capítulo de la Operación Jaro, un operativo policial orquestado por la Audiencia Nacional. Dos años después, en junio de 2017, fueron detenidas otras tres personas, esta vez relacionadas con Ceivar, un movimiento antirrepresivo que ha organizado actos en solidaridad con los presos y presas independentistas gallegas. Se trató de la Operación Jaro II.

Las primeras detenciones dieron pie a una rocambolesca instrucción por parte del magistrado Eloy Velasco que, en un primer momento, decretó la suspensión de actividades de Causa Galiza y acusó a los nueve militantes de «pertenencia a banda armada» y «enaltecimiento del terrorismo». Un año después, el juez levantó la suspensión sobre la organización política, y en julio de 2019 modificó la imputación, eliminando el delito de «pertenencia a banda armada».

Este lunes la comenzará el juicio contra los doce imputados, los nueve de Causa Galiza y los tres de Ceivar, que podrían ser condenados a penas de entre cuatro y doce años de prisión. La Fiscalía pide en total 102 años de cárcel por 29 delitos de «enaltecimiento del terrorismo» y «pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros», una fórmula jurídica que, en palabras de Iria Calvero, una de las militantes de Ceivar procesadas en esta causa, «se sacan de la manga en la Audiencia Nacional».

Según explica en declaraciones a NAIZ, ella y sus dos compañeros fueron detenidos en junio acusados de «enaltecimiento» por el recibimiento a un preso. «Y después amplían el escrito de acusación por ‘pertenencia a organización criminal con fines de enaltecer el terrorismo’, y aparte nos meten a cada uno tres y cuatro delitos de ‘enaltecimiento del terrorismo’ por diferentes recibimientos a otros presos, ya no solo el de 2017», señala antes de detallar que ella está imputada por tres delitos de «enaltecimiento del terrorismo».

«Mis delitos son que pedí el permiso para hacer esos recibimientos. Ni siquiera tuve la oportunidad de enaltecer nada, porque no hay un delito de opinión por mi parte, sino que pedí el permiso para esos actos. Y de Causa Galiza está imputada gente por ir con unas banderas desde una plaza hasta el local de la organización», detalla antes de advertir de que «son casos que cualquier militante hace».

En este sentido, advierte de que el juicio al que se enfrentan no afecta solo a las doce personas que están imputadas, va más allá, porque, tal como indica, «lo que nos jugamos aquí es si vamos a poder seguir mostrando solidaridad o seguir haciendo política. Si vamos a poder pegar carteles, si vamos a poder andar con banderas por la calle, si vamos a poder recibir a un preso o si vamos a poder decir que le queremos». No en vano, en este proceso también está en juego el futuro de Causa Galiza y de Ceivar, que podrían ser ilegalizadas.

Y el hecho de que el juez que preside el tribunal vaya a ser Alfonso Guevara no es una buena noticia para los imputados, porque fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por este magistrado, la que determinó en verano de 2013 la existencia de un grupo armado denominado Resistencia Galega en una sentencia contra cuatro jóvenes gallegos.

«Hasta ese momento no habían condenado a nadie ni por pertenencia ni por colaboración, porque se entendía que no había una organización armada como tal, pero el señor Guevara decidió que sí», apunta Calvero, que incide en que «quien dice que Resistencia Galega es una organización armada es la Audiencia Nacional. Es verdad que ha habido sabotajes, pero nadie reivindicó nunca la existencia de una organización armada».

Aquella sentencia de 2013 coincidió con un aumento de la represión contra militantes de Ceivar, que aquel año fueron imputados por portar fotografías de presos gallegos, algo que hasta entonces «nunca había pasado». «Pero todas esas imputaciones no llegaron a juicio, ni siquiera hubo que declarar en la Audiencia Nacional», apunta, y alerta de que el proceso abierto en contra de Causa Galiza y Ceivar tiene un doble objetivo: «Criminalizar, por un lado, y por otro asustar a la propia militancia. Imagina que nos condenan por llevar banderas, ¿quién va a llevar banderas después?». «De hecho, raro es una técnica de caza que significa ahogar a la presa. Acorralar hasta que se queda sola y desvalida y le das la estocada final. Es un poco lo que están intentando», añade.

Muestras de solidaridad

Pero la presión policial y judicial no ha impedido que durante estos años hayan recibido el apoyo de la ciudadanía, que este domingo saldrá a las calles de Compostela para mostrar su apoyo los encausados. «Estamos notando mucha solidaridad tanto de gente de Galiza, y de personas de otras organizaciones, tanto gallegas como internacionales», indica. Asimismo, recuerda que en internet se pueden encontrar dos manifiestos que han sido firmados por cientos de personas y de entidades. Además, hay un tercer manifiesto firmado por expresos y expresas políticas gallegas, de personas encarceladas por luchar contra el franquismo o declararse insumisas que «saben de la importancia de que la solidaridad siga pudiendo ejercerse».

También han recibido muestras de apoyo de formaciones políticas como el BNG, que ha denunciado este proceso judicial en el Congreso. Este mismo jueves diputados de BNG, EH Bildu y la CUP, así como representantes de Izquierda Castellana y Yesca, reclamaron la absolución de los doce acusados. Sin embargo, el futuro de estas personas está en manos de los jueces de la Audiencia Nacional. «Esto es un poco como ir a jugar a la lotería, juegas fuera de casa y el arbitro está comprado, pero mi esperanza y lo que quiero es que salgamos absueltos», señala Calvero.

En la Audiencia Nacional han sido juzgados cientos de ciudadanos vascos, también catalanes, y ahora llega el juicio de doce independentistas gallegos. «En este caso va contra el independentismo y mañana contra cualquier otro», afirma, y avanza que sea cual sea la sentencia «la cogeremos con fuerza y con las responsabilidad política que tenemos».