El 14 de octubre se cumplió un año de la sentencia contra los líderes que convocaron el referéndum de independencia en Catalunya el 1 de octubre de 2017. En un largo dictamen de 500 páginas y 170.000 palabras, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, les impuso un siglo de prisión como autores de los delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos. Una condena que todo el catalanismo político –salvo el PSC– rechazó públicamente al entender que el Tribunal había actuado con ánimo de venganza, pues los hechos que se imputaban a los acusados –parte del Gobierno de Carles Puigdemont, los líderes de ANC y Òmnium Cultural y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell– no habían tenido lugar.

La sentencia también causó una enorme estupefacción entre letrados de la defensa y los observadores que asistieron a la vista oral. Para estos expertos y varios organismos europeos, el Supremo aplicó la máxima del «derecho penal del enemigo» o, como apunta el abogado Benet Salellas, asistente de varios de los acusados, «el derecho de guerra ejercido por un tribunal en guerra con Catalunya».

Tal fue la indignación que suscitó la sentencia que los días siguientes miles de personas salieron a protestar en actos que incluyeron la ocupación del aeropuerto del Prat y los cortes de la AP-7 a la altura de la frontera con Francia –convocados por la plataforma Tsunami Democràtic–, así como la conocida como Batalla de Urquinaona, que enfrentó una multitud con las fuerzas policiales y dejó Barcelona envuelta en numerosas columnas de humo, emulando la famosa Rosa de foc, en alusión a la revuelta popular que tuvo lugar en la capital catalana en 1909 contra el reclutamiento de jóvenes por parte del Ejército español.

Fin de ciclo

Más allá de los efectos penales sobre los dirigentes del Procés, la sentencia tuvo otras derivadas que aún pesan en la sociedad catalana. En términos políticos, puso fin al ciclo reivindicativo iniciado tras el dictamen del Tribunal Constitucional contra el Estatut en junio de 2010. Y eso se visualizó con la decapitación de sus líderes.

«La sentencia consiguió el propósito que ya había predicado en su momento la exvicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría», comenta el politólogo Jaume López. Una circunstancia que, según López, ha dejado al movimiento sin referentes ni las herramientas necesarias para mantener el pulso con el Estado, pues «tampoco las entidades soberanistas han sabido resituarse ante la nueva coyuntura que se abrió a partir de entonces».

Otro efecto colateral fue, añade, el impacto que causó entre las élites intelectuales y los agentes que habían contribuido a difundir la idea según la cual la independencia de Catalunya era posible en el marco europeo.

«Se desvaneció la convicción de que, a través del principio democrático del derecho a decidir, los catalanes podíamos alcanzar un Estado propio pasando de la ley a la ley», opina el politólogo, para quien «el juicio nos mostró que esto no era posible y que la única respuesta del Estado se basaba en la represión». Prueba de ello es que, a raíz de las protestas contra la sentencia, la persecución no ha parado de crecer, pues entre representantes públicos y activistas sociales ya son 2.850 las personas afectadas en esta «causa general contra el independentismo».

Retomar el pulso

Jaume López explica que antes del 1 de octubre, la narrativa del soberanismo en torno a la consecución de la República era compartida por la mayoría de la sociedad, pues enlazaba el empoderamiento colectivo con la posibilidad de la ciudadanía de participar de un proceso constituyente. «Lamentablemente, con la sentencia, eso quedó aparcado, y aún hoy se antoja complicado reabrir esa ventana de oportunidades que se avistaba con el referéndum», asegura.

López considera que, para volver a este escenario, «es indispensable pasar de la actual fase reactiva a una propositiva en la que los instrumentos de acción colectiva, como puede ser la ANC, se reorganicen y penetren en la sociedad con la misma incidencia que antaño». Pero para ello, cree necesario tener unas entidades fuertes e incardinadas nuevamente con los partidos soberanistas y también que las formaciones acuerden una estrategia de mínimos que permita, por un lado, ampliar el apoyo social a la independencia y, por otro, retomar la confrontación con el Estado. En su opinión, «sólo así el independentismo podrá conseguir que la defensa de los derechos colectivos vuelva a ser el discurso ganador».

En esta perspectiva, todos los analistas coinciden en que la correlación de fuerzas que surja de los comicios del 14 de febrero, sumado a la capacidad de la sociedad civil para marcar la agenda política, serán determinantes para avanzar hacía la ruptura y superar, de una vez por todas, las heridas que dejó la sentencia del Procés.