El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que a su formación le ha «gustado» lo que recoge el decreto del Gobierno español que regula el estado de alarma en todo el Estado, y ha considerado «procedente» que se prolongue durante seis meses, hasta mayo, si el Ejecutivo acude «con frecuencia» a la Cámara Baja a «dar explicaciones y escuchar lo que digan los diputados».
En sendas entrevistas concedidas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha indicado que el PNV «da por bueno» el decreto aprobado este pasado domingo por el Ejecutivo porque «cumple lo que habíamos hablado» y porque «la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra necesitaban una protección jurídica para tomar decisiones».
Así, ha señalado que «no podíamos continuar con los tribunales rechazando una y otra vez todas las medidas que se adoptaban», y era necesaria «una protección jurídica» que, con el actual ordenamiento jurídico, solo otorgaba el estado de alarma.
Además, ha considerado que la duración de seis meses «es larga», pero que «no sabemos cuándo va a terminar esto y vamos a necesitar poner en marcha y quitar medidas». «Quizá es algo largo, pero si el Gobierno acude con frecuencia al Congreso a dar explicaciones y a escuchar lo que deban decir los diputados, puede ser procedente», ha manifestado.
Asimismo, el diputado jeltzale ha destacado el hecho de que el decreto posibilite que las comunidades autónomas dicten las órdenes y que entren en vigor «sin el permiso del Gobierno central», aunque hayan tenido que ser «previamente comunicadas».
«No limita el autogobierno»
En este sentido, ha señalado Esteban que «algunos pueden pensar que pedir el estado de alarma», tal y como hizo el pasado viernes el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, «supone una limitación del autogobierno». «Pues no, porque en este caso está muy medido y es muy claro que los que tienen competencias sanitarias las mantienen, reforzadas, gracias a los poderes que les otorga el texto del estado del alarma», ha asegurado.
De este modo, ha defendido que el mando quede en manos de los presidentes autonómicos ya que «son ellos los que conocen más el terreno y tienen las competencias en Sanidad».
En este contexto, ha afirmado que el toque de queda estará en vigor durante 15 días y, «a partir de ahí, esa competencia pasa a las comunidades y están decidirán cómo lo gradúan y qué hacen en cada momento». «De otra manera supondría que tendríamos toque de queda hasta mayo y no tiene sentido si la situación mejora», ha detallado.
PP y Cs lo ven excesivo y Vox irá al TC
Otra de las potenciales socias de Sánchez, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes que ve «excesivo» que el Congreso prorrogue por seis meses el estado de alarma decretado por el Gobierno una vez finalice el periodo inicial de quince días, por lo que negociará con el Ejecutivo para reducir ese plazo. Además, ha insistido en la necesidad de establecer un plan nacional para coordinar las actuaciones de todas las comunidades autónomas frente al coronavirus.
«Seis meses me parece excesivo», así que «intentaremos negociar que ese plazo sea mucho menor», ha declarado Arrimadas en una entrevista en la cadena SER.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido que el estado de alarma dure un máximo de ocho semanas y la aprobación de un «plan B jurídico» para restringir la movilidad mediante ley orgánica para dar su apoyo a esta medida de excepción contra el coronavirus.
El líder de la oposición ha defendido la «unidad» pero también que el estado de alarma «no puede superar en ningún caso las ocho semanas». El PP es partidario de un mes, pero lo alarga a dos -el doble que el establecido en la crisis de los controladores- para poder llegar a un acuerdo.
Ocho semanas de estado de alarma permiten que «la curva se pueda estabilizar», limitar la movilidad en los tres puentes -el de Todos los Santos, el de la Almudena en Madrid y el de la Constitución- y «salvar la campaña navideña», ha argumentado Casado.
Por contra, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma y ha defendido que el toque de queda impuesto en todo el Estado «es ilegal».
Vox ya llevó ante el Tribunal Constitucional el estado de alarma aprobado en el mes de marzo y sus sucesivas prórrogas al considerar que vulneraba derechos fundamentales que no podían ser limitados mediante este recurso legal, convertido en «un estado de excepción encubierto». El TC no se ha pronunciado todavía sobre aquello.