![Evo Morales en una conferencia de prensa. (Juan MABROMATA/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/745/641/article_main_landscape/Evo_Morales.jpg)
El pasado sábado se instaló una audiencia que trató cuestiones sobre la vulneración de los derechos de Morales en el proceso de investigación abierto en su contra en noviembre del año pasado.
El juez Jorge Quino, presidente del Tribunal Departamental de La Paz, ha señalado que la orden de arresto contra el Morales, exiliado en Argentina, se ha anulado porque «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente».
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, ha explicado que, al igual que lo sucedido con el exministro Héctor Arce, cuya orden de detención también fue retirada, se trata de una «decisión constitucional» que no impide que se siga adelante con las investigaciones.
«Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación por edicto que se ha realizado, porque se debía realizar mediante cooperación internacional», ha detallado Cossío en un comunicado.
El abogado del expresidente, Wilfredo Chávez, mencionó que interpuso un recurso de acción de libertad o habeas corpus ante un tribunal constitucional para denunciar que «habían vulnerado absolutamente todos los derechos vinculados a la libertad, a la defensa y al debido proceso» y que el proceso contra el expresidente fue una acción «deliberadamente política».
Uno de los principales argumentos expuestos por la defensa de Morales fue que las notificaciones fueron realizadas al exmandatario por edicto en Bolivia sin la posibilidad de que asuma su defensa o declare y, por ello, «el juez de garantías ha decidido anular todos los antecedentes», mencionó el abogado.
Las medidas que afectan a la imputación y la orden de aprehensión también han hecho que quede anulada una audiencia fijada para este martes en La Paz contra el expresidente, que buscaba su procesamiento en rebeldía, aseguró Chávez.
La denuncia contra Morales por «terrorismo» y «sedición» fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma «interina» Jeanine Áñez tras el golpe de Estado, cuando Evo Morales estaba entonces en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.
La acusación se basó en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.
La decisión del juez llega después de la victoria por mayoría absoluta del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue proclamada el pasado viernes por el órgano electoral de Bolivia, aunque el relevo en el poder no está previsto hasta el próximo 8 de noviembre.
Posible vuelta el 11 de noviembre
Evo Morales, por su parte, ha avanzado este lunes en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik que podría regresar a su país el 11 de noviembre, aunque ha expresado cautela y ha manifestado que la fecha «está en debate todavía» y «no está decidida».
En este sentido, ha informado que la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la cual Morales es afiliado, será la organización responsable de preparar su regreso.
Que Morales regrese a Bolivia el 11 de noviembre implica que se perderá la toma de posesión del presidente electo del país, Luis Arce, del MAS, prevista para el 8 de ese mes.
Aunque el exmandatario ha precisado que «no tiene problema» con regresar esa semana o a la siguiente, ha insistido en que es «orgánico» con las «decisiones de las organizaciones regionales o nacionales».
En este contexto, Morales ha confirmado que no ostentará ningún cargo en el nuevo Gobierno de Bolivia, tal y como ya había avanzado Arce. Asimismo, ha asegurado que volverá a sus actividades sindicales.
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