La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó este jueves el cierre del proceso penal masacre del ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría y otros jesuitas españoles en 1989.

Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la Universidad Centroamericana (UCA), ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR).

«La Sala de lo Penal revoca la decisión del Juzgado de Paz y declara que el caso en contra de los autores intelectuales no procede», publicó el abogado español Arnau Baulenas en redes sociales, donde alertó de que «la Sala de lo Penal ordena que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre», algo que, a su juicio, vulnera lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía.

La Sala de lo Penal ordena que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la Masacre de la UCA. Esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía. https://t.co/xgSA1jcPL4

— ARNAU BAULENAS (@ABAULENAS) October 30, 2020

El abogado, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y querellante en la causa, explicó a Efe que la sala ha ordenado «el cierre total del caso, es decir dicen que no proceden la reapertura». Indicó que ante esta decisión se puede presentar un recurso de amparo pero dijo que «nos debemos de sentar con las víctimas, analizar la resolución y ver qué decisiones tomamos».

La reciente condena de 133 años contra el exviceministro de Seguridad Inocente Montano por la matanza de la UCA reavivó las discusiones en El Salvador sobre la urgencia de reactivar el proceso local, pero esta decisión cambia totalmente el panorama.

En el juicio al que se enfrentó Montano testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, entre otros. Cerna es la única testigo ocular de lo ocurrido, y tuvo que salir de El Salvador tras la masacre. Mendoza, por su parte, fue condenado en este país a 30 años de prisión.