![Foto de archivo de una concentración de la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa. (Juan Carlos RUIZ/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/743/672/article_main_landscape/irphstop.jpg)
Las plataformas Alokairu Benta Berri, Inquilinos de Azora y Stop Desahucios Euskadi se reunirán este jueves, por vía telemática, con representantes del Gobierno de Lakua para abordar problemáticas como los desahucios y las consecuencias de la irrupción de los fondos buitre.
Según han explicado estas plataformas, en la reunión que mantendrán con el director de Planificación, Mario Yoldi, y con el delegado de Vivienda, Alfonso Sanz, se abordarán temas como su petición de «garantizar la protección y el régimen de alquiler protegido a las promociones de VPO que se encuentran en esta situación actualmente en Euskadi».
Asimismo, reclaman el desarrollo de un «protocolo preventivo antidesahucios para evitar desahucios por impagos como consecuencia de la pandemia o al finalizar las protecciones». En ese sentido, han advertido de que no van a «permitir ni un desahucio por parte de fondos buitre ni grandes tenedores».
Las tres plataformas exigen, además, «la renovación de los contratos por siete años con subidas vinculadas al IPC, ampliación y mayor presupuesto para el parque público de vivienda sociales, medidas efectivas para la movilización de vivienda vacía, controlar los precios del alquiler» y rechazan los desahucios de familias vulnerables de los alojamientos dotacionales.
Recogida de firmas
Por otro lado, las plataformas de Stop Desahucios de la CAV se han adherido a la recogida de firmas impulsada por la PAH estatal con el lema 'Por una salud pública y responsabilidad política: ¡acabemos con los desahucios en plena pandemia'.
En esa línea, han llamado a plataformas, colectivos y a la sociedad civil a firmar y difundir este manifiesto, que busca reclamar al Gobierno español la aprobación urgente de un decreto que «suspenda todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de alternativa habitacional».
De este modo, piden que «dure hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que deberá regular, de forma definitiva, la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional».
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