Los concejales de EH Bildu Olaia Duarte y Ricardo Burutaran se acercaron ayer hasta el Infierno para observar de primera mano el desalojo y denunciar la situación en la que se quedan las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Duarte manifestó que el miércoles ya les advirtieron de que fuerzas policiales rondaban el lugar, y que se temía un desalojo, por lo que «nos pusimos en contacto con el equipo de Gobierno municipal, que nos respondió que no era de su competencia, y la Diputación foral tampoco ha hecho nada».

La edil recordó que «400 personas viven en la calle en Donostia y estamos en mitad de una pandemia. Nos parece vergonzoso dejar en la calle a otras 60 personas, a las puertas de un confinamiento y sin que las instituciones públicas den una respuesta».

En un tono similar, Elkarrekin Podemos apuntó que «a las puertas del invierno y en lo más crudo de la pandemia, es urgente que se tomen medidas para garantizar condiciones dignas para los más vulnerables». Además, denunció que el Gobierno de Eneko Goia prometió que «iba a ampliar las plazas para personas sin techo, pero en realidad no ha hecho nada».

Esta coalición ha denunciado asimismo «la constante criminalización de estas personas», cuyo desalojo se ha llevado a cabo en estos momentos «porque el Ayuntamiento tiene prisa por iniciar la construcción y promoción de vivienda libre en la zona».

También se ha posicionado el sindicato LAB, para el que el desalojo llega tras una «campaña mediática de criminalización» contra las personas que pernoctaban en el Infierno, personas «expulsadas y marginadas por este modelo urbanístico y el sistema en general». Para esta central, estamos ante «una muestra más de la penosa gestión institucional del PNV-PSE».

Plataforma Sargi

Las entidades sociales Emaús, Caritas Gipuzkoa, Loyola-Etxea, Arrats, Red de Acogida Ciudadana y SOS Racismo, que conforman la Comisión de Personas Sin Hogar de la plataforma Sargi, han hecho público un comunicado este viernes en el que muestran su sorpresa por el desalojo de El Infierno.

Las organizaciones han pedido a las administraciones públicas que busquen «alternativas dignas» para las personas que este jueves fueron desalojadas de los pabellones en desuso ocupados y lamentan que «el esfuerzo económico y social realizado» con el apoyo de estas organizaciones desde el mes de marzo «no se ha mantenido el tiempo suficiente para proteger a estas personas en su proceso de inclusión».