![Foto de archivo de una manifestación a favor de la legalización del cannabis en Buenos Aires. (Juan MABROMATA/AFP).](/media/asset_publics/resources/000/750/034/article_main_landscape/Cannabis-argenitna.jpg)
El Gobierno argentino ha establecido la creación de un Registro del Programa de Cannabis, dependiente de Ministerio de Salud, que autorizará a los pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y paliativo del dolor».
En este registro, «los pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada».
Además, los pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas.
Asimismo, según el nuevo reglamento, el Estado brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios, y la dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y farmacias autorizadas.
Avances en la ley
Esta norma supone una reglamentación más amplia a la ley original de 2017, aprobada durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) con el objetivo de promover la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta.
La ley de 2017 contemplaba el uso de la planta solo para los pacientes de epilepsia refractaria, y creó un registro nacional voluntario con el objeto de facilitar el acceso gratuito al aceite de cannabis que, según el decreto del actual Gobierno de Alberto Fernández, «no se encuentra operativo».
Hasta ahora la posesión de semillas de cannabis estaba prohibida, con penas entre los 4 y los 15 años de prisión.
Esta nueva reglamentación podría abrir la puerta a una ley integral que regule todos los usos de la planta y que colme las aspiraciones de las organizaciones que desde hace años luchan por la legalización, tal y como se explica en esta crónica.
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